San Luis (LaNoticia) 20-07-15. Nuevamente Edgardo Ciccone se encuentra en medio de un conflicto, puesto que ha sido impugnado en su candidatura a Intendente de Nogolí, por estar procesado por un hecho que data de comienzos de siglo y que la (In)Justicia de San Luis tiene en el letargo de sus causas.
La presentación se hizo ante el juez electoral provincial, quien deberá decidir si hace lugar o no a la impugnación.
En el proceso de inscripción, Ciccone insólitamente firmó una declaración jurada, donde bajo juramente juró que cumple las condiciones para postularse al cargo, cuando la Constitución es muy clara al señalar que para el cargo de Intendente -sigue las mismas reglas que para el cargo de Diputado Provincial-, no pueden postularse quienes, entre otras cosas, estén “procesados por delitos dolosos hasta la absolución (…)”, algo que evidentemente Ciccone no cumple, por estar procesado a espera del juicio oral.
Los hechos

A comienzos del presente siglo, Ciccone fue denunciado penalmente por mal manejo de fondos públicos durante su gestión al frente de la Intendencia de Nogolí, lugar al que desea regresar en estas elecciones.
Luego de muchos años, demasiados para hablar de Justicia, el juez Jorge Sabaíni Zapata, ante una cantidad de prueba impresionante no se pudo hacer más el zonzo y debió procesar a Ciccone y elevó su causa a juicio oral y público por el delito de peculado de trabajos o servicios.
El colmo de la mora judicial es que, como si fueran pocos más de 10 años de `investigación´, la Cámara del Crimen Nº 1 de San Luis, integrada por José Luis Flores, Domingo Flores y Silvia Aizpeolea, ha dado como fecha de inicio del juicio oral, los primeros días del mes de diciembre de 2015, con lo que quedan varias preguntas en medio. ¿Cómo se puede tardar tanto tiempo para iniciar un juicio por una causa comenzada hace más de 10 años? Si esta misma (In)Justicia no lo impugna ¿Cómo puede iniciarse el juicio luego de los comicios y casi al mismo tiempo de la asunción de autoridades electas?
El colmo de toda esta joda institucional, tiene que ver con que aun siendo un procesado, Ciccone fue Diputado Provincial, sin que le fueran quitado sus fueros por una inacción conjunta entre la (In)Justicia y los mismos diputados provinciales, que jamás se animaron a quitarle los fueros para cumplir con los dictámenes judiciales.
En este caso, la inacción judicial expone a uno de dos extremos. Si se declarara culpable a Ciccone en el juicio y no se lo impugnara en su candidatura, el electorado tendría como opción votar por quien no está en condiciones de asumir; y la otra lo tiene al mismísimo Ciccone como posible víctima, puesto que si es declarado inocente en ese juicio, pero a la vez es impugnado en su candidatura, se lo estaría dejando sin su derecho constitucional a ser candidato por un juicio comenzado a destiempo.
Carlos Rubén Capella
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