San Luis (LaNoticia) 07-07-15. Nuestros juicios de valor acerca de los gobernantes no debieran ser sólo por la cantidad y monumentalidad de sus construcciones. Si bien es muy necesaria la existencia de mucha y buena obra pública, lo es mucho más el que se nos garantice la plena vigencia del sistema democrático y republicano. La obra pública es fácil de concretar y de recuperar sus atrasos y carencias en el corto plazo. La calidad de vida democrática es muy frágil y su destrucción demasiado cara y difícil de recomponer. La obra pública no garantiza institucionalidad, pero ésta si garantiza que haya obra pública, además de derechos garantizados, honestidad, educación, salud, justicia, etc.
Así es nuestra realidad sanluiseña desde hace unas décadas. Es necio negar la transformación material de la provincia. Y es muy grave no reconocer la persistente destrucción de nuestras instituciones republicanas, tal como se viene denunciando persistentemente desde hace años.
Una de las cuestiones en que se violenta nuestra democracia es la persistencia en violar la norma constitucional que marca el tipo de gobierno municipal según la cantidad de habitantes censados. No lo hizo Adolfo Rodríguez Saá tras el censo 1991. No lo hicieron Alicia Lemme y Alberto Rodríguez Saá tras el censo 2001. Tampoco lo hace Claudio Poggi tras el censo 2010.
Cabal muestra de que no se trata de un olvido circunstancial, sino de una verdadera política de Estado que guía a este gobierno. Digo que esta violación a la Constitución es una política de Estado, porque la justicia, incluido el Superior Tribunal de Justicia, han preferido pasar por ignorantes e incapaces antes que contrariar esta política instalada por los hermanos Rodríguez Saá. Además está el silencio de gran parte de la oposición y la complicidad silente de la dirigencia política de las muchas localidades a quienes se les niega sus derechos ciudadanos. Y el silencio de los que pueden hablar.
Es ésta una situación de tremenda gravedad que no sólo viola nuestra Constitución, sino toda la historia institucional argentina que tanto destaca el respeto a la autonomía municipal.
Ante las denuncias y reclamos el gobierno de Poggi sólo ha atinado a decir que los datos censales de 2010 no están aprobados legalmente.
Informa el INDEC
En una causa judicial iniciada por el diputado Cacace (UCR) por la cantidad de diputados provinciales según población censada, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) solicitó al INDEC información acerca de la validez de los datos publicados.
Como no podía ser de otra forma el INDEC responde que la información es pública y su publicación ya la hace oficial. Se sabe muy bien que está publicada en libros que seguramente ha recibido el gobierno provincial, y en la web que también debe conocer y consultar frecuentemente el gobierno provincial.
No obstante las pruebas categóricas que avalan la inconstitucionalidad de las convocatorias electorales 2015 en las localidad de Potrero de los Funes, El Volcán, El Trapiche, Carpintería, Nueva Galia, Fraga, Arizona, Fortuna, Cortaderas, Villa Larca, Beazley, Fraga, La Punta, Juana Koslay, La Toma, Candelaria, Quines, Concarán y Santa Rosa del Conlara.
Ante la contundencia de lo informado por el INDEC a nuestro STJ, éste debiera exigirle al gobierno provincial que se entere y que a partir de ahí, cumpla sus obligaciones.
Y si el gobernador Poggi y sus funcionarios no saben leer esta información y procesarla, podrían ordenar a los responsables que vayan al mismo INDEC y pidan la información y las explicaciones del caso.
Y por si no saben dónde queda el INDEC, agrego al final de esta nota la información que yo he obtenido siguiendo las instrucciones de los responsables del INDEC a los que acudí vía correo electrónico para saber de la población censada según localidades (haga clic acá para ver la información).
Sr. Gobernador Poggi, esta información se la doy gratuitamente, sólo le pido, o mejor le exijo, que comience a cumplir con la Constitución Art. 249 ba 251 y las obligaciones que le marca la ley de Régimen Municipal XII -0349-2004 artículo 4º.
Usted juró por Dios, los Santos Evangelios y la Patria cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución, es hora que abandone la falsedad de ese juramento, deje de obedecer a los hermanos Rodríguez Saá y haga lo que debe hacer.
Por si acaso le recuerdo algo que debe saber (se lo he dicho en otras ocasiones): INDEC ha cometido un grueso error en la población de Fortuna. Haga los reclamos del caso.
Y volviendo a lo del comienzo. Las muchas obras públicas que está inaugurando, no podrán nunca borrar su persistente conducta de ignorar su juramento y violar sistemáticamente la manda constitucional.
Si los que pueden, tuviesen lo que hay que tener lo habrían denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público o habrían aceptado representarme ante la justicia cuando se los pedí. Está claro que la justicia sanluiseña está entregada a los señores feudales, pero la peor batalla es la que no se da.