El gobernador, precandidato presidente, y mandamás de la fuerza pública, emitió una orden a través del Boletín Oficial en la que disponía el pase a retiro de 203 policías, pero los altos mandos desobedecieron y obligaron al gobierno a dar marcha atrás.
Como en los días de finales de 2013 de acuartelamiento policial, saqueos y linchamientos generalizados, ahora la Policía de Córdoba hace ostentación de una nueva muestra de fuerza al desoír una orden del gobernador José Manuel de la Sota de jubilar a 203 policías.
El jueves a la mañana, el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba informaba sobre el retiro voluntario de esa cantidad de efectivos de la fuerza, desde comisarios mayores hasta cabos y suboficiales, que debía concretarse antes del 30 de este mes.
La información fue difundida en la página oficial de la Provincia de Córdoba a través de la Resolución 357 del Ministerio de Gobierno y Seguridad de la administración delasotista.
Sin embargo, en las últimas horas del jueves, un comunicado de la Policía de la Provincia salió a desmentir al poder político: «La Jefatura de la Policía informa: ante versiones de supuestos pases a retiro del personal policial, esta Jefatura desmiente la existencia de los mismos. Los pases, retiros y ascensos se analizarán cuando la Junta de Promoción y Retiros emita su dictamen anual y según lo disponga el Poder Ejecutivo».
Ante la firmeza de la tropa liderada por el cuestionado comisario general Julio César Suárez, el gobierno de De la Sota retrocedió y publicó una sección “extraordinaria” del Boletín Oficial en la que se indicó la marcha atrás con los retiros voluntarios.
“Suspéndase la vigencia de la Resolución 357, de fecha 22 de junio de 2015, hasta tanto tome intervención la Junta de Retiros y Promociones Policiales, a los fines de su evaluación”, reza la resolución 440, como exigían los policías.
“Conforme lo solicita el Señor Jefe de Policía”, se admite en los considerandos de lo publicado en el Boletín Oficial firmado por el ministro de Gobierno y Seguridad de De la Sota, Walter Saieg, jefe político de Suárez.
En la lista de los que iban a ser pasados a retiro, están los comisarios Daniel Nis y Cristian Morillo, vinculados con el Narcoescándalo, la causa judicial que investiga los vínculos entre la Policía de Córdoba y el mundo narco, por la que está presa la cúpula de la desintegrada División de Lucha contra el Narcotráfico.
“Hay un pacto entre el poder político y el poder policial, y de ese pacto resulta que el gobernador De la Sota le ha otorgado plenos poderes a la Policía por encima de su propio poder que es el poder político”, denunció Liliana Montero, actual legisladora provincial por el Frente Cívico (FC).
“El jefe de policía no sólo que está desafiando a su autoridad política, sino que está dejando en claro que la institución policial tiene vida propia y poder propio, y esto es preocupante y de gravedad institucional”, advirtió Montero y remarcó que “los casos de corrupción y vínculos con el narcotráfico, que involucra a altos jefes y las distintas cúpulas policiales, tienen que ver con ese autogobierno”.
