La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la tardanza del gobierno mexicano para autorizar entrevistas con militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa.
La CIDH que estudia el caso de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos hace nueve meses, denunciaron la tardanza del gobierno mexicano para autorizar entrevistas con militares relacionados con ese hecho en Iguala, estado de Guerrero, mientras el ministro de Defensa, Salvador Cienfuegos, afirmó que fue un error eliminar el fuero militar para violaciones a los derechos humanos de los soldados, que ahora son juzgados por la justicia civil.
En una rueda de prensa ofrecida en la capital mexicana por los cinco miembros del equipo de la CIDH, aseguraron que el domingo recibieron una respuesta en la que se les informó que «el Estado continúa analizando la procedencia de la solicitud», y la experta colombiana, Ángela Buitrago, recordó que ya pasaron más de tres meses desde que hicieron el pedido de entrevistar a los militares del 27 batallón de Iguala.
Esta demora, aseguraron, «limita los esfuerzos» por avanzar en la investigación y la búsqueda de los estudiantes que desaparecieron el pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala a manos de policías corruptos y miembros del crimen organizado.
Los familiares de los jóvenes exigen la apertura de una línea de investigación sobre el papel que jugaron esa noche los militares del batallón de Iguala, algunos de los cuales tuvieron contacto con alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Esa noche los estudiantes de esa escuela para maestros, tradicionalmente muy combativa, fueron atacados a tiros por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Seis personas murieron, incluidos tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por policías locales y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos quienes presuntamente los asesinaron y quemaron en un basurero.
Sin embargo, los familiares de los desaparecidos no creen en esta versión y son también numerosas las organizaciones que la han puesto en duda.
El equipo de expertos, integrado además por el español Carlos Beristain, la guatemalteca Claudia Paz, el chileno Francisco Cox y el colombiano Alejandro Valencia, fue conformado en virtud de un acuerdo firmado a fines de 2014 entre la CIDH, el Gobierno mexicano y representantes de los familiares de los estudiantes.
Por su parte, el ministro Cienfuegos dijo que la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado tiene un alto costo para los efectivos castrenses y afirmó que fue un error eliminar el fuero militar para violaciones a los derechos humanos de sus efectivos.
«Yo pienso que sí, porque están poniendo al ejército en situaciones muy sensibles, vulnerables, delicadas», dijo Cienfuegos al ser consultado si había sido un error una reforma por la cual desde el año pasado los soldados acusados de agresiones a civiles son juzgados por tribunales civiles, como pedían organismos de derechos humanos.
En entrevista con el diario «El Universal», Cienfuegos se refirió en particular al caso Tlatlaya, ocurrido hace un año, por el cual hay siete militares bajo proceso por el supuesto asesinato de al menos ocho personas cuando ya estaban desarmadas en un enfrentamiento que dejó 22 muertos.
«Lo único que está comprobado es que hubo una agresión de estas personas que fallecieron ahí, lamentablemente en contra de los soldados», afirmó Cienfuegos.
Sin embargo, las pesquisas de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) revelaron recientemente que 11 de las víctimas fueron «prácticamente fusiladas», mientras que cinco murieron realizando «maniobras instintivas de defensa» y del resto no se menciona si dispararon contra los militares.
Los soldados realizaron 160 disparos, mientras que los civiles solo 12, tres de los cuales hirieron a un miembro del Ejército, de acuerdo con los estudios forenses.
Según la versión inicial reportada por el ministerio de Cienfuegos la Sedena (Secretaría de Defensa Nacional), los 22 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento armado con militares el 30 de junio de 2014 en una bodega en Tlatlaya.
Sin embargo, dicha versión fue desmentida por una de las tres sobrevivientes de ese día, que aseguró que solo hubo un fallecido en el choque y los demás fueron asesinados a pesar de haberse rendido.
El ministro de Defensa reconoció que desde que estalló el caso Tlatlaya en los medios de comunicación el ejército ha padecido «un desgaste importante».
