Por:
Johana Gómez.
Referente provincial del Frente de Izquierda – Unidad.
La crisis del coronavirus comenzó golpeando centralmente a China y, desde allí, a la economía mundial. Luego se extendió a Italia, Irán, Corea del Sur y muchos otros países. Se combinó con la crisis (derivada) del petróleo (por la falta de acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia para limitar la producción y contener la baja de los precios), dando un salto con el desplome de las bolsas en todo el mundo, que continuó todas estas semanas con nuevas caídas.
De crisis sanitaria limitada, pasó a crisis económica (parálisis de la producción en China y su consecuencia en las cadenas globalizadas de producción, tendencias recesivas y devaluatorias acentuadas en todo el mundo) y a crisis financiera (que está en pleno desarrollo). A su vez, la crisis sanitaria misma siguió desarrollándose, con la declaración de la OMS (Organización Mundial de la Salud) de “pandemia” y las medidas extraordinarias tomadas por los gobiernos de Italia (poner a todo el país en cuarentena) y Estados Unidos (suspender vuelos con Europa, declaración de la “emergencia nacional”). Mientras China parece comenzar a superar la crisis, todos los gobiernos pronostican un agravamiento de la pandemia en otros países, con consecuencias impredecibles si llegara con fuerza a los países más pobres de África, Asia y/o Latinoamérica.
¿Qué tipo de crisis sanitaria se está desarrollando? ¿Qué tipo de enfermedad es la que genera el COVID-19? Según los datos conocidos hasta ahora (teniendo en cuenta la posibilidad de mutaciones del virus y consiguientes cambios en su comportamiento), parece haber un consenso entre los “especialistas” que, respecto a la gripe común – para tomar como parámetro una enfermedad virósica que causa entre 290.000 y 650.000 muertes al año -, se trata de un virus que tiene una mayor tasa de contagio (lo más preocupante) y también una mayor tasa de mortalidad o letalidad (sobre todo, en los adultos mayores). El límite es que, por ahora, no ha llegado a afectar a la proporción de la población mundial que afecta la gripe común (Influenza) que se calcula entre un 10 y un 20 % del total (difícil determinar porque mucha gente pasa las gripes sin atención médica y, por lo tanto, sin registro).
Además de la inexistencia de vacunas contra el COVID-19, lo más preocupante parece ser la alta tasa de contagio, ya que hace que la enfermedad se propague con mayor rapidez y esto genere crisis sanitarias. En los “picos” no alcanzan las infraestructuras hospitalarias, en particular, las “unidades de cuidados intensivos” y los respiradores artificiales para los casos más críticos. Los médicos italianos informaron que el 10 % de los infectados que llegaron a los hospitales requirieron asistencia respiratoria, lo que se suma a que, según la experiencia en China, los respiradores mecánicos ayudan pero aumentan los contagios en el hospital, por lo que dicen que lo más efectivo es la intubación, de la que hay mucha menos disponibilidad.
Asimismo, requiere períodos relativamente largos de internación (entre 15 y 20 días). La tasa de mortalidad es incierta, ya que no son fiables las cifras de personas infectadas en cada país sobre las que se calcula (sobre todo en Italia y China, donde las tasas fueron cercanas al 4 % contra un 0,8 % en Corea del Sur). La gran diferencia es que en Corea del Sur se realizaron casi 200.000 tests contra unos pocos miles en países como Italia y EE.UU., comparando las primeras semanas, por lo cual hubo detección temprana y aislamiento de los infectados.
Este es un dato clave para definir las medidas que debemos exigir. En Estados Unidos, los test se venían haciendo sólo a las personas con todos los síntomas, con orden médica y con un costo de hasta 3.000 dólares, mientras la Reserva Federal decidió destinar miles de millones de dólares para rescatar a los especuladores financieros y, las Fuerzas Armadas norteamericanas, siguen gastando miles de millones de dólares, manteniendo – incluso – bloqueos salvajes a países golpeados por la pandemia como Irán.
Los gobiernos de China (en su momento), Estados Unidos, Irán, Italia, Argentina y tantos otros están reaccionando tardíamente con medidas que se limitan a prohibir vuelos y fortalecer las cuarentenas y el aislamiento, pero sin establecer respuestas más profundas que permitan reducir lo más posible los contagios, la propagación del virus y las muertes. Temen demostrar incapacidad frente a una crisis sanitaria de este tipo. Trump, a último momento, declaró la “emergencia nacional” y acordó con los demócratas en el Congreso un paquete especial para licencias y tests rápidos. Si aparece como incompetente frente a la crisis y suman miles los muertos, puede perder hasta la Presidencia de EE.UU. Lo mismo le puede llegar a pasar a cualquier otro gobierno. De paso, en todos estos países se imponen medidas de control policial sobre la población.
La crisis de los sistemas de salud pública viene siendo una demanda muy sentida en varios países (en particular, en EE.UU.) donde las encuestas mostraban que se encontraba entre las principales preocupaciones de la población, por las deudas que genera a las familias y porque hay 27,5 millones de personas sin ningún tipo de cobertura. Todos los sistemas de salud están organizados en función de los negocios de los grandes laboratorios.
La decadencia de la salud pública no es algo privativo de las fuerzas de derecha, sino también de las fuerzas que se dicen “progresistas” o de “centroizquierda”, como se ve en Latinoamérica donde los gobiernos “progres” no cambiaron la estructura de una salud “de primera” y privada para los ricos y una salud pública en decadencia absoluta para las personas pobres, degradando – a su vez – la investigación científica estatal. Siendo las personas adultas mayores las que más necesitan y sufren la falta de atención médica y sanitaria, es indignante el ataque a las jubilaciones que recorre todos los continentes y es aplicado por todos los gobiernos, transformando el aumento en la expectativa de vida de las personas en un “drama” para los presupuestos de los estados capitalistas que, por un lado, precarizan el trabajo y, por el otro, reducen los impuestos a los sectores más ricos.
En distintos países, en especial donde hay mayor conflictividad social, los gobiernos buscarán hacer un uso político de la crisis sanitaria del COVID-19, con el objetivo de restringir las libertades democráticas e impedir las manifestaciones de descontento y de lucha. El caso de Chile lo demuestra: el gobierno de Sebastián Piñera, pasó de una completa desidia a un discurso en el que señala que las consecuencias del virus pueden ser enormes por lo que toma medidas como la cancelación de eventos masivos, pero no establece que el pueblo trabajador pueda tener acceso a los test gratuitos, y el sistema de salud pública sigue fuertemente desfinanciado y en crisis. Así, comienza a gestar un clima para desincentivar las movilizaciones, que todas las semanas se desarrollan en los principales centros urbanos del país. Seguramente, querrá usar el argumento sanitario para aprobar leyes represivas como la que pretende facultar al Presidente para decretar la militarización de la “infraestructura crítica” (hospitales, puertos, aeropuertos, etc.).
La dinámica de la crisis económica y financiera llevará a una profundización de las tendencias recesivas, agravando los efectos de la crisis sanitaria. Por ello, es fundamental que tomemos en nuestras manos la lucha por medidas concretas, efectivas y de fondo para enfrentar las crisis actuales:
1.- Que los diferentes gobiernos garanticen la distribución gratuita de todo lo necesario para la detección temprana de la infección. Desde los elementos básicos (alcohol en gel, jabón, mascarillas, barbijos, guantes, etc.) hasta los necesarios kits de test para que se realicen en forma gratuita y masiva a toda persona que tenga síntomas, asumiendo el control de los grandes laboratorios privados. Esto puede llegar a implicar la producción local o garantizar fondos para la importación de emergencia, junto a la confiscación de las empresas que producen todo ello, poniéndolas a producir bajo control de sus trabajadoras/es y técnicas/os. Y, además, la producción a cargo del Estado de todos los medicamentos que tengan efectividad (probada por los organismos de control) para enfrentar la pandemia.
2.- Centralización de todo el sistema de salud, incluyendo toda la salud privada (desde los grandes laboratorios a las clínicas y hospitales privados), bajo gestión pública y de sus trabajadoras/es y especialistas, para garantizar lo señalado en el punto anterior y todas las instalaciones necesarias, a los efectos de recibir a las eventuales personas infectadas que necesiten internación.
3.- Licencias con goce de sueldo al 100 % (a cargo de las empresas y del Estado) de toda persona infectada o en peligro de contagio, así como de todas las personas mayores de 60 años, y de madres y padres que no pueden enviar sus hijas e hijos a las escuelas que cierren. Licencias pagas por el Estado y las empresas para las/os trabajadoras/es en situación de precariedad laboral, para que no se vean obligadas/os a trabajar exponiéndose a la infección para recibir su salario. Prohibición de despidos. Congelamiento de los alquileres a diciembre del 2019 y moratorias para su pago.
4.- Ampliación de emergencia de todo el personal del sistema de salud pública, empezando por hospitales y clínicas. Capacitación inmediata y aumento de salarios. Reincorporación de todo el personal médico, de enfermería y de la salud despedido en los últimos años o que se encuentre desocupado.
5.- Comisiones independientes, integradas por profesionales idóneas/os y miembros de organizaciones sindicales y sociales, que controlen toda la información que maneje el Estado sin ningún tipo de censura: datos de la evolución de la epidemia, comparación con otras epidemias, medidas preventivas que se aconsejan a la población, etc. La información sobre la salud pública no puede quedar exclusivamente en manos del Estado, que siempre responde a los lobbies de las grandes empresas.
6.- Comisiones de Higiene y Seguridad en todos los lugares de trabajo, con plenos poderes para investigar, consultar y cuestionar las medidas que hacen a la seguridad de las/os trabajadoras/es y de las/os usuarias/os del transporte público.
7.- Aumento de emergencia de los presupuestos de salud y asistencia social, dejando de pagar la deuda externa e imponiendo impuestos progresivos y extraordinarios a las grandes fortunas y a los sectores más ricos de la sociedad.
La situación desastrosa de los sistemas de salud en la gran mayoría de los países (incluido, nuestro país) evita respuestas adecuadas (como los test masivos y la infraestructura hospitalaria necesaria), generando miles de muertes evitables y proveyendo información confusa de la realidad de la pandemia. Los efectos económicos y financieros de la crisis buscan ser descargados sobre la clase trabajadora y los sectores más pobres y populares que, a su vez, son los más desprotegidos frente al peligro de infección.
Por todo ello, desde el Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS) en el Frente de Izquierda – Unidad (FIT-U), consideramos que son necesarias medidas urgentes (como las mencionadas precedentemente) para que los grandes empresarios – que siempre se beneficiaron con los ajustes en la salud pública y en la precarización del trabajo – sean los que paguen los costos de esta crisis. Tales son banderas de lucha para la organización de las trabajadoras, los trabajadores, las mujeres, la juventud, las/os estudiantes y las/os jubiladas/os.
¡A grandes crisis, son necesarias grandes soluciones!