San Luis (LaNoticia) 17-12-2019. Luego de que el Estudio Jurídico «Pagano y Asociados» Denunciaran presuntas irregularidades en la venta judicial de la marca Zanella. Agustín Ruta, magistrado a cargo del juzgado Civil 4, salió a aclarar la situación, y aseguró que «la autorización para la venta, no está firme», ya que ha concedido una apelación solicitada. Y que «el procedimiento se hizo apegado y ajustado a la Ley». El juez aseguró que «los letrados (mediante las declaraciones en los medios) han causado un revuelo de manera irresponsable». Por otro lado, Ruta quiso llevar tranquilidad a los trabajadores y acreedores asegurando que «sus derechos están resguardados».
La denuncia pública la realizó el estudio de abogados que representa a la empresa «La Emilia», dueña de la marca «Motomel». Los letrados manifestaron que el juez civil 4, Agustín Ruta adoptó un «un manejo absolutamente discrecional y arbitrario». Al elegir la propuesta de IMSA de $122.355.387, mientras que La Emilia ofreció una mejor de $245.000.000″, para la compra de Zanella.
Por su parte, en conferencia de prensa, Ruta expresó que en la denuncia de los letrados «La verdad objetiva se ha distorsionado y tergiversado desinformado a la sociedad». Y explicó que existe un «concurso preventivo de «Zanella Hermanos», que se encuentra asentado en la Provincia de San Luis, desde el 2003, y que él tiene intervención en el mismo, a partir del 2009, año asumió su cargo.
El magistrado indicó que la empresa decide a quién y cómo vende, porque dispone de la administración y de sus bienes inmuebles o materiales, una facultad que le concede la ley. «Hay un proceso de autorización de venta que fue solicitada por la concursada (Zanella). No ha sido dispuesto ese oficio como malinterpretadamente se ha informado por los medios, sino que, a instancias de la concursada por la situación económica y financiera, preservando las fuentes laborales de los acreedores y trabajadores y siendo que todas las plantas de Zanella han cerrado, excepto la de San Luis. Por motivos fundados se ha autorizado, la venta, porque la concursada preserva la administración y disposición de sus bienes, entre las facultades que la ley le acuerda, una de ellas es la de solicitar actos de ventas de bienes materiales todo ello para subsistir y no llegar a la quiebra».
Ruta insistió en que su resolución mediante la cual se autorizó la venta de Zanella es «Apegada y atada a la ley. Sindicatura, dictaminó a favor, y así se dispuso, porque la ley dispone una vista previa al síndico, que es quien auxilia judicialmente al magistrado en sus conocimientos técnicos».
«Lo importante es aclarar a la sociedad que acá se ha procedido conforme a la ley regularmente. La empresa es la que conserva la administración de sus bienes, no el juez. El juez del concurso solo verifica el cumplimiento de los requisitos legales. La empresa es quien ha decidido vender a tal o cual empresa sus activos»
Según Ruta lo que se pretende vender es «la marca y un bien inmueble, quedando decenas de otros inmuebles para satisfacer y para garantizar el crédito de los acreedores legítimos. Ha quedado resguardado el interés de los operarios y de los empleados, para que la empresa subsista y siga en el rubro, ya sea fusionándose a otra. O como en este caso constituyendo un fideicomiso, en el cual inversores compran la marca y determinados bienes muebles y bienes materiales registrables en pos del funcionamiento y de perdurar»
Ruta expresó que la resolución tomada por él no está firme, ya que «se ha concedido la apelación, por lo tanto, la alzada va a revisar eso que algunos letrados irresponsablemente denominan como un revuelo, como un escándalo, como una irregularidad»
Por otra parte, Ruta reveló que, hasta el viernes pasado, en horas de la madrugada la empresa «La Emilia» no había tomado ninguna participación en el expediente. «Se han presentado unos pocos acreedores interponiendo recursos de apelación y una empresa «La Emilia SA» que se dedica al rubro, igual que Zanella y que IMSA. Ha presentado una recusación a mi persona, la cual ya ha sido proveída para que resuelva la Cámara y apelación de unos pocos acreedores, las cuales también ya han sido concedidas».
Cristina Sosa Puebla
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