El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó este miércoles de muy grave la absolución de Gildardo López Astudillo, alias el «Gil», uno de los principales implicados en el caso Ayotzinapa, por el juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos.
El mandatario adelantó que presionará al fiscal general y al consejo judicial del país para que investiguen por completo a los funcionarios acusados ​​de llevar la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014.
La liberación del fin de semana de López Astudillo establece un precedente que, según los expertos, podría llevar a la liberación de 50 sospechosos. En su tradicional rueda de prensa en Palacio Nacional, el presidente presentó al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien explicó detalles de lo ocurrido en el proceso judicial de la desaparición de 43 normalistas de Iguala, en Ayotzinapa.
Encinas explicó que ese juez dictó una sentencia absolutoria de López Astudillo aun cuando se sabía que encabezaba el grupo criminal Guerreros Unidos en el momento de la desaparición de los alumnos.
Ese individuo había declarado que nunca encontrarían a los estudiantes porque los habían convertido en polvo, pero el juez desestimó la mayoría de las piezas acusatorias y lo liberó con lo cual cerró el expediente de acusaciones contra El Gil.
Ventura Ramos estimó que no existían elementos acusatorios convincentes, desestimó 44 pruebas que incriminaban a López Astudillo, y analizó solamente 192 de los más de 700 tomos del caso, además de que argumentó que las admisiones del acusado fueron porque se le aplicó tortura a pesar de que peritos forenses y otros especialistas decretaron lo contrario.
Las liberaciones se sumarían a 53 de los 142 sospechosos originales que ya fueron liberados, dijo el subsecretario Encinas, quien culpó a la fabricación de pruebas de las autoridades, el uso de la tortura y un encubrimiento general por destruir un caso en el que existían pruebas reales para enjuiciar a los responsables.
«Es un problema de justicia muy serio y por eso vamos a presentar formalmente una queja ante la Fiscalía General y el poder judicial en este caso», dijo por su parte López Obrador.
Encinas denunció que hay una indebida investigación por parte de las autoridades judiciales violatorias de la ley en beneficio de los perpetradores del crimen, pues había pruebas suficientes para sancionarlos. Se trata, dijo, de impartir justicia, no de violarla.