El día lunes recorrió nuestra ciudad un nutrido grupo de manifestantes convocados para reclamar Justicia. El caso de la desaparición del joven Abel Ortiz, en Villa Mercedes, despierta en nuestra sociedad, un clamor que interpela al poder político provincial.
Desde septiembre del año 2014 la familia Ortiz demanda la aparición de Abel y una investigación profunda sobre su ausencia. Y las respuestas deben ser otorgadas, necesariamente, por el Poder Judicial de San Luis.
No es el primero ni el único caso que estos últimos años ha sacudido a la sociedad sanluiseña sobre desaparición, asesinato u otros delitos que no han sido investigados, esclarecidos ni mucho menos se ha sancionado a sus responsables.
Cuando no existe manifestación cabal de Justicia por parte de quienes forman parte de un Poder del Estado encargado constitucionalmente de averiguar, juzgar y castigar… la respuesta clara se llama IMPUNIDAD.
Impunidad sobrevuela el caso de los niños Luna y Martínez, impunidad en el caso vergonzoso de Nelson Madaff y los demás ciudadanos falsamente involucrados, impunidad en innumerables procesos que han quedado a mitad de camino, sin investigaciones fehacientes.
La Constitución Argentina y la Constitución provincial incluyen el régimen republicano como base de la organización estatal; es decir, está absolutamente concebida y afirmada la división de poderes para que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial cumplan con sus funciones.
Los casos referidos y muchos más que siguen excluidos de la justicia, continúan esperando que los miembros del Poder Judicial desempeñen su labor que el mandato constitucional les ha conferido.
De la difusión del caso de Abel Ortiz y de su búsqueda se ha ocupado el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación. Parecería que en nuestra provincia no se puede anhelar que cada funcionario, a quien la sociedad sostiene con sus impuestos, cumpla con el mandato constitucional atribuido.
Por eso, la Injusticia es notoriamente Impunidad.
Ana María Garraza
