Las protestas violentas en Venezuela, conocidas como guarimbas, iniciaron hace 15 años como una estrategia golpista de la oposición, con apoyo y financiamiento desde el exterior. Se trata de un golpe de Estado que ha sido reeditado y continúa en marcha.
Los años de las guarimbas fueron 2004, con Hugo Chávez en la presidencia, 2014 y 2017, con el mandatario Nicolás Maduro. Este 12 de febrero se cumplen dos años desde las más recientes acciones violentas de la oposición, que dejaron 172 muertos en más de 100 días de violencia en 51 municipios venezolanos.
El objetivo de las gurimbas era era deslegitimar al Gobierno para justificar una intervención militar extranjera. La «excusa» era la supuesta ingobernabilidad y la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Sin embargo, la mayoría de los muertos no participaban en las protestas de la derecha: 18 personas fallecieron por pasar las barricadas puestas en las calles por los manifestantes de oposición.
Asimismo, las guarimbas de 2004 dejaron 50 muertos y 193 heridos, mientras que las de 2014 culimaron con 43 fallecidos y más de 800 personas heridas. Entre las víctimas hubo agentes de seguridad y transeúntes. En los tres años en que ocurrieron las protestas violentas el propósito era el mismo: llegar al poder por la fuerza tras perder en elecciones populares.
El golpe continúa con el autoproclamado
La guarimba no ha desaparecido todavía. Este año volvieron a surgir focos de violencia en el país tras la juramentación del presidente Nicolás Maduro el 10 de enero para el periodo 2019-2025. Este es el mandato para el que fue reelecto con más de 67 por ciento del voto popular en los comicios del 20 de mayo de 2018.
De esta forma, las manifestaciones de oposición y los focos de violencia fueron la antesala para la continuación del golpe de Estado: la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como «presidente encargado» de Venezuela el 23 de enero. Todo esto estuvo azuzado, financiado y dirigido por el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), de la mano de los políticos Marco Rubio, Mike Pompeo y John Bolton.
Además, el golpe de Estado continuado también incluye las sanciones económicas y un bloqueo financiero de EE.UU. contra Venezuela, que han dejado pérdidas de 350 mil millones de dólares en producción de bienes y servicios entre 2013 y 2017, según un informe de la Unidad de Debates Económicos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
A esto se le suma la campaña mediática para forzar la entrada de una «ayuda humanitaria» a través de la frontera con Colombia, cuyo fin sería legitimar la intervención militar en el país, denuncia el Gobierno de Nicolás Maduro.