La gobernadora María Eugenia Vidal y sus ministros de Seguridad, Cristian Ritondo, y de Justicia, Gustavo Ferrari, fueron denunciados por «abandono de persona, seguida de muerte» por ser «directamente responsables de las muertes» de 10 detenidos en la comisaría 3 de Esteba Echeverría el 15 de noviembre pasado, en la que fue la máxima masacre de presos en comisarías ocurrida en la historia del país. La denuncia fue radicada por el diputado Horacio Pietragalla y resalta que el edificio de la Policía Bonaerense tenía ordenes judiciales que instaban a la clausura de las celdas.
El diputado nacional advirtió que la masacre «puede repetirse en cualquier momento, ya que la situación estructural es gravísima» y recordó que, poco tiempo antes del incendio ocurrido en la comisaría de Transradio, el ministro Ritondo había afirmado que prefería a «los delincuentes amontonados y no en libertad». El titular de la cartera de Seguridad se había referido así a la situación de hacinamiento de las comisarías bonaerenses, donde la cantidad de detenidos aumentó en un 26 por ciento solo en 2018 y un 121 por ciento en toda la gestión Vidal, a pesar de que de las 450 comisarías provinciales, 253 están inhabilitadas para alojar personas y 118 continúan haciéndolo.
Además de acusar a Vidal, Ritondo y Ferrari como responsables de la masacre por no proceder con la orden de clausura dictada por el Poder Judicial, el diputado recordó el contexto paradigmático del incendio de la comisaría 3, ocurrido al lado de un destacamento de Bomberos Voluntarios.
La denuncia radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 de Lomas de Zamora exige que se investigue a las máximas autoridades provinciales por la muerte de diez detenidos. El último de ellos fue Fernando Martín Arguello, de 33 años, quien falleció el 12 de diciembre en el Hospital Eva Perón de Lanús, tras un mes de agonía. Fernando estaba ilegalmente detenido, al igual que el resto de las víctimas, por un delito simple como el de tenencia de estupefacientes.
La responsabilidad del Estado en la causa que investiga en el juzgado de garantías Nº 2 de Esteban Echeverría, a cargo de Javier Maffucci Moore, quedó de manifiesto a principios de diciembre, cuando la propia Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad desafectó a los cinco policías que prestaban funciones en la comisaría aquella madrugada. A pesar del grado de responsabilidad estatal, el ministro Ritondo y la gobernadora Vidal aún no se pronunciaron sobre la masacre.
La situación de las comisarías bonaerenses es denunciada en forma sostenida por el organismo de derechos humanos, que la semana pasada exigieron ante la CIDH la ampliación de medidas cautelares para proteger la vida y la integridad de los detenidos y el cese de su uso para alojamiento permanente. El reclamo lo llevó junto la Defensoría de Casación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el marco de una audiencia en la que el Estado nacional y el Estado provincial reconocieron la gravedad de la situación. Uno de los datos alarmantes que los organismos recordaron fue que de las 450 comisarías provinciales, 253 están inhabilitadas para alojar personas y 118 continúan alojando detenidos.
Además se recordó que el 2 de marzo de 2017 ya había ocurrido otra tragedia en la Comisaría 1 de Pergamino, cuando murieron 7 personas tras otro incendio en las celdas. Desde diciembre de 2015, 68 personas fallecieron por la situación de sobrepoblación y hacinamiento extremo en las comisarías, mientras que la cantidad de personas detenidas en comisarías creció un 26 por ciento solo en 2018. Desde el inicio de la gestión Vidal el número de detenidos establecimientos policiales aumentaron un 121 por ciento.
