Mauricio Macri se mantiene distante de su par brasilero Jair Bolsonaro, pero en su compaña por la reelección imitará varias de sus consignas y el primer caso será el 1 de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias, cuando por segundo año consecutivo anuncie la reforma del Código Penal.
Sólo que esta vez prevé no demorar más debate y plantear temas que abrirán la polémica como aumento de penas por los cortes de rutas y el endurecimiento de la ley migratoria, que tiene entre sus principales exponentes al senador justicialista Miguel Pichetto.
En el gobierno están entusiasmados por una encuesta que indica que la mayoría de la población cree conveniente expulsar en poco tiempo a los extranjeros con residencia parcial que delinquen y que según el rionegrino pueblan las cárceles argentinas.
En el Gobierno están entusiasmados por una encuesta que muestra apoyo de la mayoría de la gente a expulsar a extranjeros que delinquen. Pero el debate traería polémica.
El debate no es nuevo: en 2013, el kirchnerismo y el radicalismo borraron un artículo de un proyecto que perseguía ese objetivo, impulsado por el entonces secretario de Seguridad Sergio Berni, que buscaba combatir el ingreso de droga por el norte del país.
Gerardo Morales, entonces senador de la UCR, recordó que la ley ya permite expulsar a residentes temporales si delinquen y que en tal caso jueces y fuerzas de seguridad deberían explicar por qué no lo hacen.
Pichetto explica que la Dirección de Migraciones detiene los trámites cuando los denunciados tienen familia y que el nuevo Código Penal la instigaría a expulsarlos igual. No evitará un duro debate en el Congreso, donde en todas las fuerzas hay voces que temen una estigmatización de los extranjeros.
De hecho, en febrero la UCR frenó un proyecto de Luis Petri, también radical, que impedía a los extranjeros estudiar y asistir a hospitales en el país. Petri es uno de los diputados de mayor diálogo con Bullrich y ya se prepara para defender el nuevo Código, escrito por el camarista Mariano Borinsky.
El temor de Macri, y tal vez la causa por la que frenó el debate, es que los diputados que apoyaron el aborto quieran incluir su despenalización, una propuesta que llegó a evaluar el Episcopado, pero no aceptaron muchos diputados celestes.
Consistía en reducir la pena por interrumpir el embarazo a un 1 año de prisión y convertirla en excarcelable. Tampoco hay garantías de que el gesto alcance para que el proyecto para habilitar el aborto no vuelva a ser presentado, como cada año desde 2003.