La mayoría adolalbertista que domina el Concejo Deliberante de la ciudad de La Punta, con el manejo oculto de Zulema Rodríguez Saá a través de Mary Valdivielso, pone de relieve la impotencia política y electoral del régimen provincial en una de las ciudades más importantes de la provincia, cuyo pueblo mayoritariamente no es proclive a caer en las redes saaístas.
Desde el cuerpo deliberativo llevan a cabo maniobras de desprestigio respecto del intendente Martín Olivero, que tampoco hacen mella en los punteños que a diario observan el avance que registra la novel ciudad. Ciudad que en rigor de verdad, fue fundada por la gobernadora Alicia Lemme y no por Adolfo Rodríguez Saá como pretende instalar en el imaginario social, la historiografía oficial y la cartelería pública.
Las publicaciones de una página digital de noticias que es sostenida del mismo concejo con dineros públicos, también forman parte de la estructura zulemista. Así también como Alejandra Pacheco sostuvo la existencia de un supuesto “faltante” de dinero. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas de la provincia dijo por unanimidad que las cuentas municipales están en orden. No obstante, las ediles quisieron insistir en supuestas anomalías y se instalaron a revisar documentación en el municipio. Nada encontraron. Pidieron digitalización de expedientes y como ese trabajo demoraba unos días, no tuvieron mejor idea que declarar que las cuentas de Olivero no serían aprobadas. El apuro por acusar sin sentido las volvió a superar frente a la necesidad de iniciar la campaña 2019 con el cada vez más lejano sueño de recuperar el municipio.
Todo un despropósito en el tiempo y en el espacio, las decisiones de las atribuladas concejales. En el tiempo porque es materialmente imposible que en dos horas puedan tomar formato digital 500 expedientes, pero como la ansiedad política las está superando al no poder brindar respuestas satisfactorias a su jefe el gobernador Rodríguez Saá, adoptaron una resolución legislativa tan risueña como ilegal. Ilegalidad que probablemente tenga sus consecuencias. Como también las tendrá en contra de Alejandra Pacheco, la causa por vindicación que inició Olivero en el momento en que irresponsablemente fue acusado por la concejal. En el espacio, porque pretenden desde el Concejo atribuirse facultades que no les compete, abusando como siempre, del ejercicio de sus funciones. Acciones típicas de un régimen pasado de moda y cuyos disvalores son más que conocidos por la mayor parte de los sanluiseños.
Lo cierto es que el Partido Justicialista de Zulema, de Alberto, de Adolfo y sus adláteres, no podrán avanzar en sus pretensiones de descrédito, que solo logran que el intendente punteño coseche más adhesiones, mientras sus contrincantes siguen disputándose las llaves de la sede partidaria para que no entre el senador de los sueños y menos aún la princesa del Potrero, aunque vuelva plagada de cocinas, heladeras y electrodomésticos en nombre de su fantasmal fundación de los 80 millones. Hay una barrera infranqueable que sostienen las zulemistas concejales, para evitar que la pretendida ex futura primera dama ingrese a La Punta.