La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua presentó el pasado martes 16 de octubre su segundo informe preliminar ante la Asamblea Nacional de esa nación en el que detalla cómo se dieron las muertes y daños causados durante las acciones golpistas iniciadas el 18 de abril de 2018.
El documento indica que al menos 269 personas fallecieron durante la violencia que se desató en la nación con el objetivo de derrocar el Gobierno dirigido por Daniel Ortega.
Precisa que de las 269 muertes, unas 45 de ellas no fallecieron por las protestas radicales sino por razones varias, pero ocurrieron durante el periodo de violencia.
Además, al menos 150 personas perdieron la vida por los bloqueos de vías impuestos en el país y 27 por fuego cruzado.
El documento desmiente la supuesta masacre cometida contra los estudiantes en ese país. Las víctimas en su mayoría eran “obreros” y “trabajadores por cuenta propia” (62 y 62 respectivamente), desempleados (46), agricultores (16), comerciantes (11), jóvenes que no estaban estudiando (9) y solo ocho eran estudiantes universitarios y seis estudiantes de secundaria.
La Comisión también informó que los casos de tortura y asesinato (13) fueron con saña y odio, ninguno de estos eran participantes de las protestas, sino funcionarios del Estado en todos sus niveles o personas ligadas políticamente con el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Asimismo, la Comisión destacó que el sistema de salud pública funcionó sin ninguna restricción durante la crisis, y que estas aseveraciones fueron verificadas por centenares de personas asistidas en instituciones como la Cruz Roja.
La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua instó al Estado a garantizar la justicia y reparación a los familiares de las víctimas.
