El escándalo de los falsos afiliados y aportantes de Cambiemos llegó a los Concejos Deliberantes de la provincia de Buenos Aires. Ediles peronistas de cada uno de los 135 municipios bonaerenses comenzaron a presentar proyectos de manera coordinada para que la gobernadora María Eugenia Vidal informe sobre el tema.
Según el proyecto de ordenanza del peronismo bonaerense, el Ejecutivo de la provincia debe presentar la nómina completa de afiliados a partidos de la alianza electoral Cambiemos que figuren además en el listado de aportantes a la campaña legislativa 2017 con domicilio en cada uno de los municipios.
Se demanda además un listado de todos los ciudadanos vinculados a programas sociales para cotejar si los incluidos como aportantes truchos son beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación o de la Provincia y confirmar si el Ejecutivo bonaerense utilizó bases de datos de ANSES para la selección de aportantes falsos.
“Vamos a pedir explicaciones a Vidal, que es la jefa de ese partido en la provincia. Este caso demuestra que lo que hizo Cambiemos fue una gigantesca estafa electoral. No solamente mintieron en sus promesas de campaña, mintieron en sus aportantes de campaña. La pregunta que sigue es: ¿quiénes son los verdaderos aportantes?”, planteó el presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham, Martín Rodríguez. La concejal lomense Daniela Vilar sostuvo por su parte que en su distrito se verificaron casos de falsos aportantes y exigió “que la gobernadora explique de dónde provienen los fondos que tan imperiosamente necesitaron blanquear”.
Hernán Letcher, concejal de San Martín, señaló que “no pueden explicar de dónde salió la plata, ni por qué figuran afiliados al partido personas que nada tienen que ver con ellos”. “Peor aún, hasta los propios niegan los aportes. Es un escándalo que pretenden tapar apelando al periodismo afín”, completó. En la misma línea, Roxana López, jefa de bloque de Unidad Ciudadana en Tigre, aseguró que se trata del “mayor escándalo político de los últimos tiempos. Es una traición a la confianza de todos los bonaerenses”.
El escándalo, que estalló tras una investigación del periodista Juan Amorin en “El Destape”, ya le costó el cargo a la contadora general bonaerense, María Fernanda Inza. El juez federal Sebastián Casanello tiene a su cargo una causa por lavado de dinero, mientras en paralelo transcurren una iniciada por el fiscal federal electoral Jorge Di Lello y otra que se abrió con la denuncia de la senadora provincial Teresa García contra la gobernadora María Eugenia Vidal por ser la presidenta de la fuerza política a nivel local.
