La decisión de liquidar el fondo contracíclico de la seguridad social acompañará al recorte del gasto en obra pública, los aumentos de tarifas y la reducción del empleo público a lo largo de los próximos tres años. Los detalles de las condicionalidades asociadas al crédito por hasta 50.000 millones de dólares fueron divulgados hoy al conocerse la Carta de Intención y el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras enviada al organismo multilateral. Si esas medidas no fueran suficientes para lograr la pretendida reducción del déficit fiscal, las autoridades del Palacio de Hacienda y el Banco Central prometieron “tomar medidas adicionales para alcanzar los objetivos”. Después de abandonar su metas de inflación del 18 por ciento para este año, las autoridades indicaron en la misiva que los precios pueden llegar a escalar hasta 32 por ciento en 2018.
La documentación enviada al FMI corrobora que la devaluación será el mecanismo utilizado para contener la corrida cambiaria y resolver la falta de divisas. “Disminuir las tensiones en nuestro balance de pagos permitiendo operar flexiblemente a nuestro tipo de cambio como un amortiguador de shocks, incrementando nuestras reservas internacionales, disminuyendo nuestro déficit de cuenta corriente, y reduciendo nuestras necesidades de financiamiento externo”, reza la carta firmada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. A pesar de la promesa oficial de entregar la cotización del dólar a las fuerzas del mercado cambiario, el BCRA vendió 794 millones de dólares en las últimas 48 horas para intentar frenar una nueva corrida. La carta de intención limita formalmente la capacidad de intervención de la banca central.
El recorte sobre el gasto público deberá ser validado en el proyecto de ley de Presupuesto 2019 mientras que el paquete de cambios en el esquema monetario vigente seguirá su propio cronograma. La reforma de la Carta Orgánica del BCRA, por ejemplo, será enviada al Congreso en marzo de 2019. “Reforzará la estabilidad de precios como el mandato principal del BCRA”, sostiene el memorando que también promete “hacer lo que sea necesario para cumplir las nuevas metas de inflación”.
El préstamo stand-by será analizado en el Directorio del Fondo el próximo miércoles. Contra la aprobación del programa Argentina recibirá un primer desembolso por 15.000 millones de dólares que se acreditarán en las cuentas públicas dentro de los siguientes dos días. Para utilizar los restantes 35.000 millones de dólares del crédito, el país deberá someterse a doce revisiones trimestrales del FMI donde el staff del organismo velará por el cumplimiento prometido en la reducción del déficit fiscal y las reformas. Cada supervisión habilitará tramos de hasta 3250 millones de dólares. La fecha prevista primera para la primera es el 15 de septiembre, el mismo el día que el gobierno de Mauricio Macri enviará su proyecto presupuestario para 2019. A partir de entonces el Fondo supervisará que el país no se aleje de sus promesas en septiembre, diciembre, marzo y junio de cada año hasta 2021.
“Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica”, sostiene el memorándum de políticas económicas que redactó el Palacio de Hacienda. Los documentos se refieren a las acciones en grandes empresas, bonos públicos, Lebac e inversiones productivas que conforman el FGS como fondos “incautados en 2008”.