El cobro del “aumento” salarial otorgado a los estatales de la provincia. Una inflación que licua la primera cuota del “sacrificado” 21 %. Los privilegios de la casta política gobernante. Y una dirigencia gremial puntana que ha dejado para los museos el Paro General.
Esta semana tienen fecha de cobro los trabajadores del Estado Provincial. Docentes, estatales de la Administración Pública, trabajadores de la salud, judiciales, trabajadores de planes sociales, entre otros, vienen calculando en números concretos la primera cuota (7 %) del aumento salarial (21 % en total) decretado por el Gobernador de la Provincia.
Con una inflación que llegó al 1,8 % en enero y al 2,4 % en febrero (INDEC); teniendo en cuenta que para marzo se pronostican guarismos inflacionarios cercanos al 2 %; y considerando que recién para julio está prevista la segunda parte del aumento, no cabe la menor duda que la primera cuota del incremento salarial decretado está siendo licuada por la inflación. Más aún, si la inflación anual se posiciona en el 25 % como vienen pronosticando la gran mayoría de las consultoras económicas.
En el mejor de los escenarios, puede ser que desde el Ejecutivo Provincial se concrete en los hechos la “cláusula gatillo” que con “bombos y platillos” anunció hace tiempo Natalia Zabala Chacur, Ministra de Hacienda Pública. Pero, en caso de suceder, lo más probable es que el gobierno “gatille” sumas dinerarias en “negro”, presentadas como “premios”, “incentivos” o “bonos” que no aumentarán el sueldo básico.
Este año, por más que los trabajadores del Estado se quemen las pestañas sacando cuentas con la calculadora, sus salarios estarán por debajo del costo de los servicios, la canasta familiar, los combustibles e impuestos. Al igual que años anteriores, la inflación será como el Firmamento, para el sueldo de quienes trabajan, inalcanzable.
La provincia “mejor administrada” para la casta política gobernante
Quienes sí alcanzan y superan los “firmamentos” inflacionarios son los magistrados, funcionarios y legisladores puntanos. En el caso de estos últimos, además de ser unos de los políticos que más días de vacaciones tienen en el país (90 días), cobran sueldos de privilegio que alcanzan los $ 150.000 mensuales, es decir, treinta veces más que el salario básico de un docente provincial con cargo primario, por ejemplo.
Pero, la casta política gobernante, esa que proviene de los partidos que representan los intereses de los empresarios y la Iglesia, lejos de cuestionar sus privilegios, los reafirma y los extiende a más no poder. Para sus integrantes, ser político y no enriquecerse es una contradicción no sólo biológica sino también ideológica. Para ellos sí que San Luis es la provincia “mejor administrada”.
Sin embargo, hay otras formas de hacer política. Con la perspectiva de conquistar un gobierno de trabajadores, los legisladores del “Partido de Trabajadores por el Socialismo” (PTS), tanto en el Congreso Nacional como en las diferentes legislaturas provinciales donde ocupan bancas, cobran lo mismo que un/a docente y donan el resto de la dieta parlamentaria a fondos de lucha para apoyar a los trabajadores que enfrentan los despidos y el ajuste en todo el país. Así lo hacen, por ejemplo, Nicolás Del Caño y Myriam Bregman, quienes han donado gran parte de su sueldo como legisladores a las principales luchas que se están sucediendo actualmente a nivel nacional con los docentes y las enfermeras del Hospital Posadas en Bs As, los trabajadores del INTI, los mineros de Río Turbio y los trabajadores de los ingenios azucareros en el norte argentino.
¿Dónde están las asambleas, los redoblantes y los bombos?
La situación de los trabajadores del Estado Provincial en la que reinan la precarización laboral; los salarios por debajo del costo de la canasta básica familiar; la inexistencia de paritarias libres y sin techo para negociar aumentos salariales o condiciones laborales dignas; y los abismales privilegios de la casta política gobernante que vive diez, veinte y hasta treinta veces mejor que cualquier trabajador, ameritan respuestas por parte de los sindicatos locales que nuclean al sector público.
Pero, las asambleas no se convocan, las acciones no se ven y las medidas que se han tomado hasta el momento fueron a gusto del gobierno provincial. Pareciera que aquéllos métodos de lucha que los trabajadores argentinos y, particularmente de San Luis, supieron llevar adelante en el pasado, han quedado para la historia y el museo o han sido guardados bajo siete llaves.
Si es así, no es ninguna casualidad. Es producto de una planificada atomización y fragmentación de la clase trabajadora puntana cuyos gremios y sindicatos vienen siendo dirigidos por cúpulas sindicales que son o que terminan siendo cómplices y colaboracionistas de la política gubernamental, ya sea a cambio de cargos políticos en el gobierno o al dividir a los trabajadores, sus luchas y demandas.
Al calor de las políticas de ajuste y represión del gobierno nacional de Macri, acompañadas en diversos niveles por todos los gobernadores del interior, la organización independiente de los trabajadores es fundamental para recuperar los gremios, sindicatos y las centrales sindicales de las manos de la burocracia sindical, y así, poder lograr realmente que las crisis económicas sean pagadas por los empresarios, la casta política y los sectores más ricos de la sociedad.
El puntapié inicial es exigirles a los representantes gremiales, empezando por los puntanos, que saquen de los museos de historia las asambleas, los redoblantes, los bombos y el Paro General.
Johana Gómez – Referente Provincial del PTS – Frente de Izquierda