La posibilidad de que Alfredo Astiz salga de la cárcel dejó de ser una mera hipótesis. Su nombre apareció junto a los de otros genocidas en un informe que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) elevó al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias con la nómina de reclusos que a su juicio están en condiciones de cumplir arresto domiciliario o de salir en libertad condicional o prisión domiciliaria. Se supo que el SPF considera al “Ángel Rubio” dentro de un listado de 1436 reclusos que podrían beneficiarse.
El listado se llama “Internos que se encontrarían en condiciones de acceder a medidas alternativas de prisión”. Los reclusos que están citados en el informe son 1436. El SPF puso por igual presos por delitos comunes y condenados por violaciones a los derechos humanos.
Astiz se halla en el apartado de “internos con enfermedades oncológicas”, según consignó Infobae. Tiene 67 años y padece cáncer de próstata. Preso en Ezeiza, con dos condenas a perpetua encima, el represor de la ESMA podría beneficiarse de un arresto domiciliario, dado el SPF estima que la cárcel no es el lugar ideal para un recluso con cáncer.
El marino nunca pidió una morigeración de sus condiciones de detención por su enfermedad. Su suerte depende del Tribunal Oral Federal 5, que lo condenó a perpetua las dos veces que fue hallado culpable por delitos de lesa humanidad, en 2011 y 2017. Además del miembro de la patota de la ESMA, en la lista de pacientes oncológicos que elaboró el SPF hay otros siete presos por delitos cometidos en la dictadura.
A principios de marzo, había trascendido una nómina de 1.111 presos que podrían ser excarcelados, y que de ellos, 96 son condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. En ese listado figuran represores de la magnitud de Christian von Wernich, Jorge “Tigre” Acosta, Raúl Guglielminetti y el “Turco Julián”.
Astiz integró el grupo de tareas de la ESMA y fue responsable de secuestros como los de Dagmar Hagelin y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, en 1977. Por el caso de las monjas, fue condenado a perpetua en Francia mientras en la Argentina regían las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. No podía ir a la cárcel en el país, pero si salía de las fronteras, sería detenido. La anulación de las leyes en 2003 reactivó las causas en su contra y así pudo ser condenado.
Uno de los motivos de estas listas, que incluyen a condenados por el terrorismo de Estado, es, según las autoridades, paliar la crisis habitacional del servicio penitenciario. O sea, alegan que las cárceles no dan abasto. No hay tantas excarcelaciones como antes y sube el número de detenidos. El plan para ampliar o crear cárceles recién se materializaría, dicen desde el Gobierno, el año próximo.
Organismos de derechos humanos se habían manifestado en contra cuando se conoció el listado de hace unos días y remarcaron que muchos condenados incluidos por el SPF están en la unidad de Campo de Mayo, “un lugar de privilegio”, y que por lo tanto, “difícilmente el dictado de domiciliarias reduzca la sobrepoblación carcelaria”, expresaron desde el espacio “Memoria, Verdad y Justicia”, para repudiar la iniciativa.