En una solicitada, organismos de derechos humanos jujeños, sostuvieron que el fallo que beneficia a los empresarios Blaquier y Lemos, “constituye un privilegio inaceptable que pretende instalar impunidad para amparar y beneficiar a los poderes concentrados, que fueron los ideólogos y beneficiarios del plan sistemático de desaparición de personas acaecido durante la última dictadura”.
«La desvinculación de los responsables dejan en evidencia la falta de independencia respecto de los poderosos, la falta de democratización del Poder Judicial y la afinidad ideológica de los jueces con la última dictadura cívico militar».
«Esta resolución, dictada una semana antes del 39º aniversario del último Golpe cívico-militar, por los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, se suman a las resoluciones de falta de mérito que el juez Claudio Pontet dictó en Bahía Blanca (que benefició al empresario periodístico Vicente Massot); y la decisión del juez federal Julián Ercolini, que rechazó citar a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre por la apropiación irregular de Papel Prensa», señalaron los organismos. Y abundaron: «Una vez más, la justicia no quiere avanzar contra los responsable civiles empresariales implicados en los delitos de lesa humanidad».
En su edición del 24 de marzo, Tiempo publicó un informe a partir de cuatro fallos similares y en cadena que sentaron antecedentes peligrosos en casos emblemáticos de crímenes de lesa humanidad de los ´70.
Blaquier y Lemos estaban imputados por tres secuestros ocurridos el 24 de marzo de 1976 y por otros 20 que se ejecutaron durante la Noche del Apagón, cuatro meses después del golpe. Hornos es hijo de un coronel retirado y ex alumno de la Escuela de Defensa Nacional. Fue denunciado por mal desempeño ante la Magistratura en 2007 por su actuación en otros juicios de lesa humanidad.
Si bien Gemignani no tiene antecedentes en el Poder Judicial, se padre, homónimo, integró la Corte de Justicia de Entre Ríos durante la última dictadura. Fue designado por el gobernador de facto Rubén Di Bello. En cuanto a Riggi, es un juez que le dio mucho trabajo al Consejo de la Magistratura: tuvo varias denuncias en su contra. Fue funcionario en el Camarón, la Cámara Federal Antisubversiva creada en 1971.
«Las innumerables dilaciones en las causas, los razonamientos jurídicos sesgados de este tribunal para la desvinculación de los responsables dejan en evidencia la falta de independencia respecto de los poderosos, la falta de democratización del Poder Judicial y la afinidad ideológica de los jueces con la última dictadura cívico militar», señala la solicitada de los organismos jujeños.
