El caso Facundo Ferreira, un pibe asesinado por una bala en la nuca disparada por la policía tucumana. Violentos despliegues policiales en las barriadas populares de la Provincia de San Luis. Y la “Doctrina Chocobar” aplicada no sólo por “Cambiemos” sino también por el peronismo.
La llamada “Doctrina Chocobar” (esa maraña publicitaria PRO “mano dura” que nació luego de que Luis Oscar Chocobar, efectivo de la Policía Bonaerense, asesinara a un joven de 18 años disparándole por la espalda y fuera felicitado por el gobierno nacional con la excusa de “combatir” la delincuencia juvenil y organizada) está saliendo de las sombras en el interior del país.
El caso de Facundo Ferreira, un pibe de 12 años, asesinado por una bala en la nuca disparada por la policía de la Provincia de Tucumán, es una prueba de ello. Este nuevo caso de gatillo fácil se enmarca en una política represiva nacional propiciada desde el mismo Estado y es una expresión cruda del manodurismo de un aparato represivo que sólo tiene en la mira a los sectores humildes y populares.
Como consecuencia de ello, ahora los distintos gobiernos y sus medios de comunicación intentan justificar las persecuciones, los abusos de autoridad y los fusilamientos de niños y jóvenes en manos de las policías, llevando como bandera y, al extremo, la “Doctrina Chocobar”.
De esta forma, se van construyendo “enemigos” de la sociedad, vistiéndolos de delincuentes y festejando sus muertes en manos de las fuerzas del Estado, haciendo una retrógrada equivalencia entre la vida de una persona y la propiedad privada de una cosa. Todo al servicio de aprobar y justificar socialmente una ejecución sumaria mortal que roza (de hecho) la pena de muerte.
Si bien el gatillo fácil es una política naturalizada desde hace décadas en todas las policías del país (las que han sido responsables de 5.000 casos desde la vuelta de la democracia, es decir, una persona por día desde 1983 a 2018), la avanzada represiva a lo “Chocobar” en las barriadas populares, impulsada por el macrismo, está siendo tomada como política oficial por el peronismo en las provincias donde gobierna.
En este sentido, San Luis no está al margen. Todos los días se conocen casos de violencia policial en los barrios populares de la provincia. Con la excusa de “luchar” contra la inseguridad o el “gran delito”, se justifican razias policiales en las que el abuso, el hostigamiento, los golpes y las detenciones arbitrarias son moneda corriente. Mientras el gobierno local, su policía y sus medios de comunicación adictos le dicen a la “gente de bien” que se trata de “operativos de prevención”, la juventud de las barriadas más humildes inunda los inhumanos calabozos de las comisarías.
Sin embargo, de lo que no se habla es de que el “gran delito” (a saber: el narcotráfico, las redes de trata de personas y los desarmaderos de autos) no podría existir sin la responsabilidad, el encubrimiento y la complicidad de las fuerzas policiales, la justicia y el poder político. Por eso, resulta paradójico buscar mayor seguridad con más policías o grupos represivos especiales en los barrios y en las calles.
Por el contrario, lo único que se logra con ello es demonizar a un sector de la sociedad, haciéndolo culpable de todo lo que le pasa a la “gente emprendedora”, para justificar las desigualdades sociales con represión y aumentando el control social.
Más policía en las calles y un aparato represivo más fuerte no es sinónimo de mayor tranquilidad en las ciudades. Mientras el narcotráfico, la trata de personas, el juego clandestino y otras expresiones del crimen organizado continúan su desarrollo a velocidad crucero, de lo que no caben dudas es que un aparato represivo cada vez más poderoso significa una profundización de la violencia estatal contra el pueblo trabajador y los sectores populares.
La foto de Facundo tirado en el asfalto ensangrentado y la de tantas otras víctimas de la represión policial provoca sentimientos de bronca, pero también llaman a la siguiente reflexión: que al “enemigo” o, mejor dicho, a los responsables no hay que construirlos sino que hay que sacarlos de las sombras porque ya existen. No era Facundo Ferreira, no fueron los demás jóvenes muertos por el gatillo fácil, no son aquéllos que construyen o señalan los medios masivos de comunicación o la rabia vomitada (y vomitiva) en las redes sociales.
Al contrario, son los que gozan de cuentas bancarias millonarias gracias al “gran delito”, a los privilegios que les da esta “democracia” para ricos y a los “derechos” de explotación que la sociedad capitalista les garantiza para enriquecerse sin mover un músculo, a costa del sudor, el trabajo, la salud y la educación de los trabajadores.
¡Cuán diferente sería la humanidad si estas desigualdades sociales y económicas no existieran!
* Johana Gómez – Referente Provincial del PTS – Frente de Izquierda