El ajuste y la inflación que penetran la frontera provincial. La inexistencia clásica y tradicional de paritarias en el sector estatal. Y una policía puntana cada vez más brava y medieval.
Si se le pregunta a cualquier laburante sobre si su salario le ha ganado alguna vez a la inflación seguramente responderá que no. Sin embargo, el siempre gobierno provincial de los hermanos Rodríguez Saá supo construir un discurso en el que San Luis “es la provincia mejor administrada” y que, por esto, “es otro país”. Las obras públicas gigantescas (¿prioritarias?) que todos conocemos fueron el respaldo perfecto para ese discurso que se ha hecho carne en el imaginario colectivo de las personas que viven en otras provincias.
Pero, si hay algo que los gobernantes puntanos no utilizan para darle rienda suelta a su discurso, son los salarios de los trabajadores estatales. Prefieren hablar de las réplicas del Cabildo y la Casita de Tucumán, del circuito en el Potrero de los Funes y el Carnaval de Río en San Luis o del Complejo La Pedrera antes de decir algo acerca de la situación laboral y salarial de los trabajadores del Estado.
Con la crisis económica mundial que afecta a la Argentina y las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno nacional de Macri más el ajuste en curso, los tarifazos y una inflación que, según diferentes informes, llegaría al 25% este año, es más que claro que el discurso de la “provincia mejor administrada” y el correlato del “otro país” han pasado a ser mitos o leyendas a los que es mejor “reventar que creer”.
En el caso de los salarios y la situación laboral en el Estado provincial, la gran mayoría de sus trabajadores (docentes, trabajadores de la salud, judiciales, trabajadores de la administración pública y demás sectores) cobra un salario básico inferior a lo que, según el INDEC, es necesario para superar la pobreza ($14.665,88) y a lo que, según los trabajadores del citado organismo, es necesario para llegar a fin de mes ($25.884). A esto, se suman un preocupante número de trabajo precario y malas condiciones laborales en escuelas, centros de salud y en el mismo Poder Judicial de la Provincia.
Así las cosas, es más que evidente que los relatos oficiales ya mencionados no cierran por ningún lado. Menos aún en lo que hace a las demandas y libertades democráticas de los trabajadores estatales, por un lado, y la juventud de los sectores populares, por otro.
Con respecto a las demandas democráticas de los estatales, es clásica y tradicional la inexistencia de paritarias provinciales que le permitan a los gremios y sindicatos locales negociar con el gobierno los salarios y las condiciones laborales de sus trabajadores, como bien ocurre a nivel nacional. No obstante ello, la política antidemocrática del ejecutivo provincial de manejarse siempre por decreto, no ha caído del cielo. Es producto de una planificada atomización y fragmentación de la clase trabajadora puntana cuyos gremios y sindicatos vienen siendo dirigidos por cúpulas sindicales que son o que terminan siendo cómplices y colaboracionistas de la política gubernamental, ya sea a cambio de cargos políticos en el gobierno o al dividir a los trabajadores, sus luchas y demandas.
Por el lado de las libertades democráticas de la juventud de los barrios populares, la profundización de la política represiva del gobierno es tal que cada vez es más bravo y medieval el accionar de la policía puntana con sus grupos especiales. Prácticamente, todos los días, con la excusa de los “operativos preventivos” (más bien, operativos represivos) se detienen de manera abusiva decenas de jóvenes con la antidemocrática justificación de la “averiguación de antecedentes”. Pero, esto no es todo. Todas las familias que viven en los barrios populares de San Luis y toda persona que ha sido detenida por el verso de los “antecedentes” saben lo que se vive dentro de los calabozos de las comisarías con tratos inhumanos y denigrantes por parte de los agentes policiales. Tan es así que seguramente Mauricio Macri y Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, invitarían a la policía puntana a la Casa Rosada para felicitarla de la misma forma que invitaron y felicitaron a Luis Oscar Chocobar, efectivo de la Policía de Avellaneda (Bs. As.) que asesinó a un joven de 18 años disparándole por la espalda, con el afán de fundamentar la política de “mano dura” del ejecutivo nacional.
Lo que demuestra todo esto es que, lejos de ser la “mejor administrada”, la más democrática y el “otro país”, la provincia es parte de un país cuya casta política dirigente representa a los empresarios y terratenientes, desarrollando y aplicando políticas de ajuste y represión que garanticen mayores beneficios para el capital. En esto, San Luis, no es la excepción.