A pesar del repudio popular, Cambiemos y el peronismo se atrevieron a tocar a nuestros “viejos”. Una reforma que nace deslegitimada. Un aval peronista que fue central. La vuelta de los cacerolazos y una temprana crisis política con final abierto.
El amplio rechazo popular que generó el proyecto de reforma previsional del Gobierno Nacional de Mauricio Macri, con marchas multitudinarias en todo el país y unas feroces represiones por parte de las policías gubernamentales, no fue suficiente para la casta política gobernante.
A pesar de que la gran mayoría de la población se manifestó en desacuerdo con el ajuste hacia los haberes jubilatorios, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las pensiones, 127 diputados nacionales (117 en contra y 2 abstenciones), que cobran más de $ 150.000 por mes, votaron afirmativamente esta estafa hacia los sectores más vulnerables de la población. Entre ellos, José Riccardo, diputado nacional por San Luis.
Está claro que los legisladores se subordinaron a la mayoría de los gobernadores peronistas u oficialistas que fueron a “garantizar” que sus diputados den quórum y aprueben el proyecto. Precisamente, la colaboración del peronismo agrupado en el Interbloque “Argentina Federal” fue fundamental para lograr este apoyo. También fueron cruciales los faltazos del resto de los parlamentarios a una de las sesiones más importante de los últimos tiempos entre los cuáles se cuenta el “ausente” de Daniel “Don Mal Menor” Scioli, ex candidato a Presidente de la Nación en el año 2015.
También fue claro que en estos diez días que estremecieron y conmovieron a la sociedad argentina, la “Confederación General del Trabajo” (CGT), mostrando su completo desprecio por millones de jubilados, jugó a las escondidas con el llamado a un paro nacional que generó confusión y no movilizó a casi nadie. Otro aval peronista, en este caso gremial, a la aprobación de la reforma previsional. Vaya regalito de navidad por parte de la burocracia sindical hacia el gobierno de “Cambiemos”.
Con una sesión fallida que se levantó, con otra que por poco se levanta pero que continuó, con gases, balas de goma y detenciones a mansalva, y con la gente protestando en la calle hasta altas horas de la noche, la reforma previsional votada en la mañana del martes nació con muy poca legitimidad y quedará en la historia asociada a otras grandes entregas de derechos por parte de la casta política que gobierna el Estado.
Sin embargo, el triunfo económico del macrismo al aprobar una reforma que le permitirá financiar las campañas electorales del 2019, le trajo consigo un costo político demasiado alto, ya que amplios sectores de su base electoral (en su mayoría, personas adultas y mayores) están comenzando a ver la verdadera cara de la coalición gobernante, siendo manifiesto el hecho de que su oferta política para el futuro es empeorar la situación de las mujeres, los trabajadores, la juventud y los jubilados de la Argentina.
Aunque la administración amarilla haya ganado la pulseada de la reforma previsional, aún quedan otras que tienen que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores y la defensa de la educación pública. La exigencia de que las centrales sindicales terminen con su juego y su tregua, y convoquen a un verdadero plan de lucha nacional, discutido en todas las fábricas, empresas, reparticiones y lugares de estudio, con la preparación de un paro general activo con movilización para derrotar todas las reformas de Macri, ya se ha convertido en moneda corriente.
La vuelta del sonido de las ollas y las cacerolas en las principales ciudades del país justo cuando se van a cumplir 16 años de aquél 19 y 20 de diciembre del 2001, demuestra que se ha abierto una temprana crisis política con un final abierto y con amplias posibilidades para que el pueblo trabajador apueste a derrotar el plan de políticas neoliberales del gobierno de los empresarios y los ricos.
Johana Gómez es Docente Rural y Referente Provincial del PTS – Frente de Izquierda
