Arias llegó al enjuiciamiento por las denuncias del actual Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, que impulsó su desplazamiento porque al informar sobre la mayor cantidad de víctimas en la inundación de La Plata en 2013 habría invadido la jurisdicción de otro magistrado y, también, por la denuncia de un diputado de Cambiemos que lo tildó de kirchnerista.
«Me quedo con el calor de los abrazos mojados por la lluvia, y el inmenso afecto de la gente. No bajaremos los brazos. Que no se confundan, que este no es el final, sino el comienzo», publicó Arias en su cuenta de Facebook minutos después de ser suspendido.
Detrás de las acusaciones que lo llevaron al jury están los fallos que construyeron el perfil del magistrado con sensibilidad por las causas sociales: medidas para evitar desalojos por la fuerza, medidas por abusos policiales, contra el tarifazo de servicios, contra el DNU que disolvió la Afsca y a favor del derecho a huelga de los docentes bonaerenses.
El jurado que decidió la suspensión por unanimidad estuvo integrado por dos legisladores del Frente Renovador, uno de Cambiemos, uno de Cumplir y otro del peronismo, cinco abogados de la matrícula, y la presidencia fue ocupada por la jueza Hilda Kogan. «Es un jurado integrado por legisladores que terminan su mandato el 10 de diciembre y es muy peligroso. Cuando hay legisladores en retirada, normalmente negocian su continuidad en algún otro lugar», había advertido ayer por la mañana Arias.
A pesar de que el diputado macrista Guillermo Castello lo acusó por no ser «parcial e independiente» por firmar un documento en defensa de la democracia que cuestionaba la detención de Milagro Sala y criticaba la persecución sobre la expresidenta Cristina Kirchner; la causa original que lo llevó a ser suspendida fue la denuncia contra el gobierno de Daniel Scioli por las víctimas mortales de la inundación de La Plata en abril de 2013. «Parece que los jueces no tenemos libertad de expresión”, se quejó el titular del juzgado en lo contencioso administrativo N° 1 de La Plata.
Arias sostuvo que las 51 víctimas reconocidas oficialmente eran, en realidad, 89 si se advertía que hubo personas a las que se registró por muerte natural, cuando murieron en la vía pública durante la inundación, además de que hubo personas enterradas con un mismo nombre. La denuncia por “mal desempeño”, “incumplimiento de sus deberes”, “irregularidades en procedimientos a su cargo”, reflota una vieja disputa de competencia entre Arias y el fuero Penal, respecto de quien debía fallar sobre la cantidad de víctimas.