San Luis (LaNoticia) 13-10-16. Así lo hizo saber mediante un comunicado de prensa donde detalla cada una de las medidas con las que Cadelago Filippi `marcó´ la causa.
En un extenso comunicado, el penalista Carlos Salomón -defensor del intendente suspendido de La Calera, Diego Lorenzetti, viudo de Romina Aguilar, la mujer asesinada brutalmente frente a su domicilio-, explica cómo maneja la causa el juez Cadelago Filippi perjudicando sistemáticamente la situación procesal de Lorenzetti, manejo que lo liga a presiones políticas a las que cedería el juez.
Sobre la “supuesta” pericia del policía bonaerense
La contratación, por parte del Juzgado de Instrucción Nº 1, del policía bonaerense Daniel Giles para peritar distintos chips de celulares, para Salomón es “una supuesta pericia”, porque sostiene que “el Juez jamás designo formalmente al Teniente Primero DANIEL GILES, Funcionario Policial de la DAIC como perito”, agregando que cuando pidió, por escrito, los antecedentes del policía, “se informó que tenía 12 años de experiencia en la DAIC y que había estado en más de mil juicios. Nada se contestó respecto a los títulos, formación académica y/o especializaciones que detentaba esta persona de modo de estar en condiciones de presentar un perito de parte”.
Más adelante asegura que “el Teniente DANIEL GILES no aporto ningún elemento que nos permitiera saber de qué modo y/o medios iba a realizar la supuesta pericia y solo se había invocado 12 años de experiencia (¿?) de lo que surge que el Juzgado ha impedido que hubiese un perito para efectivizar el contralor correspondiente, cercenando el Derecho de Defensa en Juicio (art. 43 de la C.P y 18 de la C.N)”.
¿Qué dice el informe de Giles?
Sobre el contenido del informe dejado por el policía bonaerense, Salomón expresa que “desde la fecha de presentación del informe del Teniente DANIEL GILES han transcurrido ONCE días hábiles y hasta la fecha y el Juzgado no provee la copia correspondiente impidiendo que las Defensas puedan ejercitar el Derecho de Defensa en Juicio, ingresando en una nueva zona oscura en este procedimiento penal”.
Esto confirma lo que La Noticia en San Luis publicó el pasado 6 de octubre –hacé clic acá para ver archivo-, sobre que el informe del policía bonaerense ni siquiera fue publicado en el sistema IURIX del Poder Judicial, algo que se presta a grandes suspicacias. ¿Acaso el informe del policía contiene datos que el juez no quiere dar a publicidad? ¿Tal vez esos datos impliquen en la causa a un político muy ligado al poder provincial? ¿Cuánto tiempo más podrá Cadelago Filippi sostener el secreto de Estado que le confiere a este informe?
Para hacer inteligencia `tocan el timbre´
O se trata de negligencia judicial por parte de Cadelago Filippi o un actuar exprofeso, es lo que se puede deducir de lo explicado por Salomón, cuando habla sobre un llamado telefónico que el `datero´ de la policía y mecánico de motos, Gastón Nadalini, le hace a un hermano de Romina Aguilar, Rodolfo Mattuz, en el cual con solo escuchar la conversación se desprende que el mecánico tiene `excelentes fuentes´, no solo en la policía, sino dentro del mismísimo Poder Judicial, más precisamente en el Juzgado de Cadelago Filippi, puesto que le recrimina lo que había declarado ante el juez tan solo minutos antes, con una precisión sorprendente.
Es por ello que Salomón pidió el 22 de agosto pasado un allanamiento y secuestro de ese celular, y lo hace solicitando “reserva y urgencia”. Ni una ni otra fue respetada por Cadelago Filippi. “Casi veinte días después, el 12 de agosto emite un proveído”, afirma Salomón, donde explica que en ese proveído, el juez “deniega el secuestro del personal policial, pero sobre el mecánico determina que se pase a autos a resolver. Esto último fue publicado en el IURIX, siendo de conocimiento del Sr. Juez que inmediatamente implicaba que su decisión era conocida por abogados y otras personas”, que para el penalista iban a `hacer correr la bola´ para que nada se encontrara. “Esto es así porque cuando después de la publicación de la noticia del allanamiento de los informantes FRANCO y GASTON, se realiza la medida en el taller mecánico y -lógicamente- no se encuentra el teléfono celular cuyo número consta en la causa, ni ningún otro”, señala.
“Ante esta gravísima e irreparable violación de la Reserva de la medida se hizo fracasar una medida fundamental para probar -aún más- que DIEGO LORENZETTI es víctima del armado de un sumario, en el que se refleja claramente la pata política de la cuestión”, reafirma el abogado y pregunta “cuál es la causa por la que el Juez si consideraba que la medida era procedente, tardó veinte días y antes de ejecutarla publicó el pedido de esta Defensa en el Sistema IURIX, lo que determinó que el allanamiento al taller mecánico fuera negativo y obviamente que el teléfono que se buscaba NO FUERA ENCONTRADO. ¡DE TERROR!”.
En su acusación contra el juez, Salomón va más allá asegurando que “sin lugar a dudas, esta causa palmariamente está siendo tramitada en franca transgresión de los Derechos y Garantías de la Personas. El Justiciable D. LORENZETTI está privado de la libertad por decisiones Jurisdiccionales ajenas al plexo de la causa. Nuestra comunidad merece una Justicia Independiente, con plena observancia de los Derechos y Garantías que detenta la Constitución Provincial, Nación y pactos Internacionales que integran las Cúspide Jurídica de la Nación”.
¿Y la policía qué?
También ligado al tema de los `dateros policiales´, hace un tiempo Salomón pidió que se llamara a declarar a dos policías vinculados con la investigación de la causa Romina Aguilar. “Ambos se hicieron presentes en el Juzgado, pero se negaron a declarar en presencia del Juez de la causa”, explica Salomón y agrega que “los policías intervinientes, se niegan a responder ante la Justicia sobre su intervención en el sumario prevencional”.
“El 22/08/2016 se pidió se fijara nueva fecha al mismo efecto. El Juzgado no ha proveído tal petición pese a que han transcurrido cincuenta y un días a la fecha. Sin duda, violación irreparable del derecho de Defensa en Juicio de DIEGO LORENZETTI. INJUSTICIA. IMPUNIDAD PARA EL PERSONAL POLICIAL Y LOS `DATEROS-INFORMANTES´. Ausencia de respeto al Derecho a la Dignidad de las personas”, dice para finalizar el extenso comunicado de prensa.
Carlos Rubén Capella
lanoticiaensl@gmail.com