El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual opinó sobre el juez que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín y suspendió la adecuación de oficio.
«Avergüenza ver cómo algunos miembros del Poder Judicial se vuelven a arrodillar frente a Magnetto y le hacen favores a una corporación económica que demostró una y otra vez no querer cumplir las leyes de la Democracia», señaló Martín Sabbatella en relación a la nueva medida cautelar que favorece al Grupo Clarín con la interrupción de la adecuación de oficio de esa compañía.
«Queda probado una vez más que una parte de la corporación judicial está aliada y al servicio de grandes empresarios para favorecer la concentración y consagrar privilegios que la ley prohíbe; esa parte del Poder Judicial trabaja para garantizarle a Magneto que pueda violar la Ley de Medios», opinó el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Además, consideró que «la historia los recordará como mandaderos del poder económico y mediático, que tergiversaron argumentos jurídicos con el sólo objetivo de garantizar la impunidad y los privilegios de grupos concentrados». «Es grave que una corporación económica aspire a hacer trampas y evadir la ley; pero mucho más grave e inconcebible es que una parte del Poder Judicial ayude a que esa corporación lo logre», afirmó.
Según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez Pablo Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, dispuso la suspensión de la resolución 1121/14 de AFSCA, en virtud de la cual se había ordenado la transferencia de oficio del Grupo Clarín. Fue en el marco de una causa iniciada por los periodistas Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruíz Guiñazú y Eduardo van der Kooy.
«El argumento mentiroso que avala el juez es que la adecuación de oficio podría vulnerar la libertad de expresión y significar una censura indirecta contra esos periodistas, lo cual está demostrado que es absolutamente falso; ya no dicho por quienes trabajamos junto a la presidenta Kirchner por la aplicación de esa ley, sino por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación», explicó Sabbatella al recordar los fundamentos del fallo del máximo tribunal que convalidó la constitucionalidad de toda la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
«Volver hacia atrás en lo ya analizado y resuelto por la Justicia en su máxima instancia es de una enorme gravedad institucional y persigue el único objetivo de quitarle al Estado las herramientas legales con las que cuenta para garantizar la pluralidad, la libertad, la diversidad y el trabajo de miles de periodistas, técnicos y profesionales de la comunicación en todo el país», señaló el funcionario nacional y agregó: «El único riesgo contra la libertad de expresión es la concentración empresarial; por eso nuestra ley es un ejemplo en el mundo en la lucha por garantizar que surjan más y más voces».
Sabbatella señaló que «la Ley de Medios no es la única norma transformadora que el Poder Judicial impide aplicar» y concluyó: «Un sector grande de la Justicia funciona como un poder conservador que se dedica a frenar los avances transformadores de los otros poderes del Estado; son como una especie de vetadores compulsivos de los cambios que el Gobierno y el Congreso promueven a favor del Pueblo. Y ese compartimiento es fruto de un poder que no se democratizó y que tiene a muchos de sus miembros colonizados por las corporaciones económicas y mediáticas».