Es para ver si la fuga producida el domingo en la mina Veladero, explotada por la empresa canadiense, constituye un delito, al tiempo que recomendó a los habitantes de tres localidades cercanas a que se abstengan de consumir agua de red.
Simultáneamente, dos dirigentes políticos de la localidad de Jáchal también presentaron a la Justicia un pedido de investigación de lo ocurrido ante «la presunta comisión de delitos contra la salud pública referidos a la posible contaminación del agua destinada al consumo humano».
La presentación del Ejecutivo provincial fue realizada por el fiscal general del Estado, Guillermo De Sanctis, ante el fiscal general de la Corte de Justicia, Eduardo Quatroppani, desde donde será derivada al Juzgado Penal de Jáchal, a cargo del magistrado Pablo Oritja.
Según indicó De Sanctis, el objetivo de la denuncia a la empresa Barrick Gold es que se investigue si hubo un delito que provocara la fuga de solución cianurada y «que se recaben todas las pruebas y se investigue si el derrame se produjo por causas naturales o si hubo una responsabilidad humana”.
«Queremos saber cómo fue la mecánica del hecho y que se investigue si esto constituye un delito”, comentó, y agregó que seguirá «de cerca la investigación por lo que se promoverán todas las medidas de prueba”.
Entre el sábado a la noche y la mañana del domingo, una manguera que conduce una solución con cianuro que es utilizada para disolver el oro contenido en la roca se rompió y dejó escapar una cantidad aún no especificada del peligroso líquido.
Aunque desde la empresa Barrick que explota el emprendimiento y desde el gobierno sanjuanino se aseguró que los ríos de la zona no resultaron contaminados, después se recomendó a los habitantes de las localidades de Maliman, Angualasto y El Chinguillo, cercanas a la mina Veladero, que se abstengan de consumir agua proveniente del Río Blanco que baja por la cordillera desde la zona de la mina.
Por otra parte, los dirigentes Saúl Zeballos y José Oscar Torres, del Frente Progresista Popular y ciudadanos de la localidad de Jáchal, pidieron a la justicia «una exhaustiva investigación», ante «la presunta comisión de delitos contra la salud pública, referidos a la posible contaminación del agua destinada al consumo humano».