Rusia emitió órdenes de búsqueda y captura contra varias autoridades de países bálticos y de Polonia, incluida la primera ministra estonia, Kaja Kallas, en medio de una disputa sobre la eliminación de memoriales soviéticos en esas naciones. Es la primera vez que Rusia emite una orden de captura contra un gobernante en funciones desde el inicio hace dos años de su ofensiva militar en Ucrania. Esa operación tensó las relaciones del Kremlin con sus vecinos, muchos de ellos pertenecientes a la extinta Unión Soviética.

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que las personas buscadas por Rusia «son responsables de decisiones que son de hecho un insulto a la historia, son personas que realizan acciones hostiles contra la memoria histórica, contra nuestro país». Los Estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania consideran que la Unión Soviética los ocupó, mientras que Rusia dice que los liberó o protegió de la Alemania nazi y califica cualquier otro enfoque como una «falsificación de la historia», considerado un delito en Rusia. 

Una voz de peso en la OTAN

Según un aviso publicado el martes en el sitio web del ministerio del Interior ruso, la gobernante estonia, Kaja Kallas, está siendo procesada en Rusia en «una causa penal», sin precisar de qué se la acusa. Kallas denunció una «táctica habitual de intimidación» por parte de Rusia. 

Según informa el diario digital Mediazona, que tuvo acceso a la base de datos, la razón en el caso de Kallas es la retirada en agosto de 2022 del tanque soviético T-34 de la ciudad de Narva, fronteriza con Rusia, junto a otros monumentos. La fuente destaca que a finales de ese año el jefe del Comité de Instrucción de Rusia, Alexandr Bastrikin, ordenó abrir una investigación al respecto.

Kallas es una de las voces más firmes en el seno de la Unión Europea (UE) y de la OTAN en favor del suministro de armamento a Ucrania y del endurecimiento de las sanciones contra Rusia. En enero de 2021 se convirtió en la primera mujer que encabeza el gobierno del país báltico, cargo que renovó al ganar su partido las elecciones legislativas celebradas en marzo del pasado año.

Además de Kallas, fue declarado en búsqueda y captura el secretario de Estado de Estonia, Taimar Peterkop, y el ministro de Cultura de Lituania, Simonas Kairys. La lista incluye a 59 de los 68 diputados del Parlamento letón por votar a favor de la renuncia al tratado con Rusia para la conservación de monumentos.

Debido al desmonte de un monumento soviético en Riga, 15 diputados municipales de la capital letona fueron incluidos en la lista, al igual que exministros de Interior, Finanzas, Justicia o Agricultura. En el caso de Lituania, un incidente similar en la capital Vilna, llevó a decretar en busca y captura a Kairys y otros seis diputados municipales.

Lo mismo ocurrió en el puerto lituano de Klaipeda, por lo que fueron incluidos en la lista rusa el alcalde de la ciudad y otras 24 personas, entre funcionarios e historiadores. Varios funcionarios polacos también tienen pedido de captura como el alcalde de la ciudad de Walbrzych, Roman Szelemej, y al presidente del Instituto de Memoria Nacional, Karol Navrotsky.

La primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, dijo que la lista de búsqueda y captura emitida por Rusia es ilegal y motivada políticamente, y aseguró que el país báltico no se dejará intimidar por el Kremlin. «No dejaremos de tomar decisiones que están en el interés nacional en nuestro propio territorio», dijo Siliņa después de la reunión del gobierno letón este martes.

«Esto es solo el comienzo»

En Estonia, Letonia y Lituania, ahora miembros de la Unión Europea y la OTAN, residen minorías rusas. El gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, considera que están oprimidas. Las relaciones entre Rusia y los países bálticos se tensaron aun más con el conflicto en Ucrania. Los países bálticos y Polonia apoyan a Ucrania, que al igual que otros vecinos occidentales de Rusia que están fortaleciendo sus capacidades militares por temor a un ataque como Finlandia. 

Rusia denuncia desde hace años que los países bálticos no aceptan que la Unión Soviética los liberó de los nazis y no los ocupó. «¡Los crímenes cometidos contra la memoria de quienes liberaron al mundo del nazismo y el fascismo deben ser respondidos! Y esto es solo el comienzo», escribió el martes la vocera de la Cancillería rusa, Maria Zajarova.

Varios monumentos heredados de la Unión Soviética tras la victoria contra la Alemania nazi fueron desmontados los últimos años en los países bálticos, en una señal de rechazo a la era soviética. La semana pasada el presidente ruso, Vladimir Putin, descartó la idea de invadir Polonia o Letonia, dos países en los que Rusia no tiene «ningún interés».

En las últimas semanas hubo otras señales de tensión entre Moscú y los Estados bálticos. El 6 de febrero Rusia convocó a los encargados de negocios de Estonia, Letonia y Lituania, acusándolos de «sabotear» las elecciones presidenciales rusas de marzo al negarse a garantizar la seguridad de los colegios electorales en las embajadas rusas en su territorio. Y en enero, Letonia y Estonia rescindieron sus acuerdos de asistencia legal con Rusia, citando como motivo la operación en Ucrania.

Condenan a un sociólogo marxista 

Un tribunal militar de apelaciones condenó a cinco años de cárcel al sociólogo marxista ruso Boris Kagarlitski, conocido por su rechazo a la guerra en Ucrania, al que acusaron de justificar el terrorismo por un video en YouTube sobre el ataque ucraniano contra el puente de Crimea. La corte revisó el fallo de un juicio anterior en el que fue condenado a una multa de 600 mil rublos (6.500 dólares) con la prohibición de administrar sitios web durante dos años.

Sin embargo la Fiscalía recurrió la sentencia al considerarla «injusta debido a su excesiva benevolencia», por lo que la corte de apelaciones dictaminó una pena de cárcel. «La Fiscalía presentó un recurso sui generis. Dicen que no podré pagar la multa, por lo cual hay que encarcelarme», comentó el sociólogo al diario independiente ruso Novaya Gazeta.

Kagarlitski agregó que sus seguidores lograron recaudar una suma superior a la multa y expresó su disposición a lograr su liberación en caso de ser condenado. El sociólogo, conocido por su oposición a la guerra en Ucrania, fue detenido en julio del año pasado bajo la acusación de «justificar el terrorismo» en un video sobre el ataque ucraniano contra el puente de Crimea en verano de 2022.

Las autoridades rusas lo declararon «agente extranjero» y fue incluido en la lista de «terroristas y extremistas». Amnistía Internacional (AI) condenó la sentencia al señalar que se trató de un «uso abusivo» de la legislación antiterrorista rusa.  «Esta sentencia es una muestra del abuso flagrante de las vagas leyes antiterroristas utilizadas para reprimir la disidencia y castigar a los críticos del gobierno», denunció la directora de AI para Rusia, Natalia Zviaguina.