Las fuerzas del orden se trasladaron hasta una finca en Brasilia, considerada la sede de los grupos  simpatizantes del Gobierno de Bolsonaro, para realizar los registros correspondientes. 

La Policía Civil de Brasil realizó este domingo una operación de allanamiento en la sede de tres grupos extremistas que apoyan al presidente Jair Bolsonaro, y que están siendo investigados por promover actos antidemocráticos en el país suramericano. 

Las fuerzas del orden se trasladaron hasta una finca en Brasilia, considerada la sede de los grupos «QG Rural», «300 de Brasil» y «Patriotas», simpatizantes del Gobierno de Bolsonaro, para realizar los registros correspondientes  y encontrar evidencias que corroboren las acusaciones. 

De acuerdo con la Coordinación Especial de Combate a la Corrupción y a la Delincuencia Organizada (Cecor) de la Policía Civil del Distrito Federal, los acusados son investigados por liderar manifestaciones antidemocráticas en los últimos días e intentar atacar la sede de la Suprema Corte con fuegos artificiales. También se les asocia con supuestos delitos de milicia privada, amenazas y posesión de armas.

Durante el allanamiento fueron encontrados fuegos artificiales, apuntes con planificaciones de acciones y discursos futuros, teléfonos móviles, armas blancas, una caja fuerte y otras evidencias que han sido puestas bajo custodia de las autoridades. 

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó a inicios de la semana pasada que fueran apresados seis integrantes de los movimientos radicales que apoyan a Bolsonaro por haber encabezado manifestaciones anidemocráticas.  Entre los arrestados figura la activista Sara Winter, una conocida militante bolsonarista muy activa en las redes sociales. 

La operación de allanamiento ocurrió luego de que se produjeran manifestaciones en la capital brasileña por parte de grupos simpatizantes y, a la vez, por parte de detractores de Bolsonaro, que suelen terminar enfrentados, en un momento de tensión política en el país cuando la popularidad del mandatario ha caído en picada por acusaciones de corrupción y su mala gestión al enfrentar la pandemia de la Covid-19.