El Gobierno prorrogará por otros 60 días la prohibición que rige para las empresas de efectuar despidos sin justa causa, o bajo el pretexto de fuerza mayor, en el marco de la pandemia de coronavirus.

«En el contexto de la emergencia pública en materia económica, social y sanitaria, y con el objetivo de continuar implementando medidas dirigidas a mantener el ingreso y el empleo de la población, el gobierno nacional resolvió prorrogar la prohibición de efectuar despidos sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, por el plazo de 60 días», informó la Casa Rosada en un comunicado.

La medida incluye la «prohibición de efectuar suspensiones con las mismas causales, quedando exceptuadas aquellas que se efectúen en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, las pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación».

La medida original fue adoptada a través de un decreto a fines de marzo y vence el 31 de mayo, pero a pedido de la CGT y con la idea de mantener a toda costa la relación laboral, el gobierno nacional la extenderá hasta fines de julio. 

La prohibición implica que en caso de despido se debe ir a juicio y el resultado será la reinstalación y el pago de salarios durante el tiempo que no se cobró. En el caso de los no registrados, la situación judicial es más difícil porque tendrán que demostrar el vínculo laboral. 

Esto extiende a todos los trabajadores la situación de protección contra despidos que tienen delegados sindicales o la imposibilidad de despedir por razones de discriminación.

El gobierno insiste en que la prioridad en el contexto de crisis económica es mantener la relación laboral, es decir, evitar despidos. Para cumplir ese objetivo, se pusieron en marcha un paquete de medidas. 

Por un lado, el Estado nacional a través del programa ATP se ocupa de pagar alrededor del 50 por ciento de los salarios de los trabajadores del sector privado, al tiempo que redujeron las contribuciones patronales y pospuso el cobro de impuestos a los empresarios, junto a los créditos a tasa subsidiada. 

Al mismo tiempo, el Ejecutivo aprobó el acuerdo entre la UIA y la CGT para pagar hasta el 75 por ciento del salario de los trabajadores que están suspendidos por las restricciones sanitarias. Con el levantamiento gradual de la cuarentena, se espera que aumenten las tensiones laborales.

El primer decreto de prohibición temporal de los despidos había sido firmado por el presidente Alberto Fernández el pasado 1 de abril, durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En él se explicaba que «en esta instancia corresponde tutelar en forma directa a los trabajadores y a las trabajadoras como correlato necesario a las medidas de apoyo y sostén para el funcionamiento de las empresas» y que «esta crisis excepcional conlleva la necesidad de adoptar medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta situación de emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo, ya que el desempleo conlleva a la marginalidad de la población»

También encuadraba la decisión en los pactos internacionales firmados por la Argentina y en el artículo 14 bis de la Constitución que «impone una protección específica al trabajo en sus diversas formas y en la coyuntura, deviene indispensable la preservación de los puestos de trabajo».

El punto central en que basa tanto el decreto original como la prórroga está en la necesidad de «garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social». 

El Gobierno congeló las tarifas de cable, Internet, celular y teléfono hasta el 31 de agosto de 2020

Producto del derrumbe económico causado por la cuarentena, el Gobierno congeló las tarifas de los servicios de cable, internet, telefonía fija y telefonía celular hasta el 31 de agosto.

En el marco de la cuarentena, el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini, con quien determinó la medida, con el fin de alivianar la situación de los usuarios afectados.

Además, se pondrá a disposición planes inclusivos de Telefonía e Internet Móvil de pospago; de prepago móvil y de internet fijo destinados a todas las personas que soliciten el beneficio, con un precio fijo hasta el 31 de octubre. El objetivo es que las personas que atraviesan dificultades económicas durante la cuarentena puedan cambiarse de plan y acceder a un servicio que garantiza la conectividad a un precio accesible.

Dichos planes deberán cumplir una prestación que consistirá en al menos 500 MB de datos; Aplicaciones de mensajería -solo texto- (WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger); 500 SMS; 300 minutos de llamadas en la red del mismo prestador y 50 minutos en redes de otros prestadores, 0800 gratis, navegación en portales educativos gratis para el caso de la Telefonía e Internet Movil de Pospago; aplicaciones de mensajería -solo texto-(WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger); 300 SMS; 100 minutos de llamadas en la red del mismo prestador y 50 minutos en redes de otros prestadores; 0800 gratis, navegación en portales educativos gratis para el servicio de Prepago Móvil; velocidad de 5 Mbps para internet fijo; y la extensión del beneficio “servicio reducido” que garantiza la conectividad de usuarios con sistema prepago de telefonía móvil e internet, y mantenimiento del precio hasta el 31 de octubre de 2020.

Como parte del acuerdo asumido, las empresas prestadoras se comprometen a no realizar despidos durante el plazo de duración del mismo.