La reciente decisión del juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, de procesar por peculado y defraudación contra la administración pública a los ex funcionarios Marcelo Amitrano y Sebastián Anzulovich —junto al ex comisario Marcelo Balbo— no sólo abre una nueva etapa judicial en la provincia de San Luis. También deja al descubierto una verdad incómoda: cuando la Justicia decide avanzar, aparecen con rapidez elementos que durante años parecieron invisibles.

La investigación da cuenta de un presunto esquema sistemático de utilización irregular de recursos públicos entre 2022 y 2023, basado en el uso indebido de vehículos oficiales y la carga de combustible que, según la acusación fiscal, no era destinada a los rodados del Estado sino a terceros no autorizados. En concreto, se detectaron 356 cargas de combustible asignadas a una camioneta oficial que, al momento de ser recuperada, se encontraba fuera de funcionamiento, con el motor desarmado y múltiples daños estructurales.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal es clara: el Estado habría solventado durante meses —incluso con el vehículo inutilizado— partidas de combustible que terminaron siendo desviadas, generando un perjuicio económico superior a los 20 millones de pesos.

Pero el dato más relevante no es sólo el monto.

Lo verdaderamente significativo es que, de acuerdo con la acusación, los funcionarios imputados habrían tomado conocimiento de las irregularidades con antelación suficiente como para intervenir y detenerlas. Sin embargo, una nota formal que alertaba sobre anomalías en el acceso a combustible quedó paralizada en el sistema administrativo sin resolución alguna.

Es decir: hubo advertencias, hubo registros y hubo tiempo para actuar.

En este contexto, el procesamiento dictado por el magistrado no sólo implica la prohibición de salida del país y la inhibición general de bienes de los acusados. Representa, además, una señal institucional de que las maniobras vinculadas al uso indebido de fondos públicos pueden —y deben— ser objeto de investigación penal cuando existen elementos que lo justifiquen.

Y aquí es donde el contraste se vuelve inevitable.

Mientras en esta causa el expediente avanzó con producción de prueba, testimonios e informes técnicos que permitieron formular cargos, otras investigaciones que involucran a ex funcionarios de la gestión de Alberto Rodríguez Saá han sido archivadas o demoradas en sede fiscal sin el mismo nivel de impulso.

La diferencia no es menor. Porque cuando el sistema judicial decide investigar, las irregularidades emergen. Pero cuando las causas se archivan prematuramente o se paralizan durante meses, lo que se diluye no es sólo la posibilidad de determinar responsabilidades penales: es la confianza pública en la igualdad ante la ley.

Este nuevo procesamiento demuestra que las denuncias por presunta corrupción no son meras especulaciones políticas, sino hechos que pueden sostenerse judicialmente cuando se produce la prueba necesaria. La pregunta, entonces, no es si la Justicia puede avanzar, sino por qué no lo hace siempre con la misma decisión cuando se trata del manejo de recursos públicos.

Porque en definitiva, el mayor riesgo institucional no es que existan investigaciones, sino que algunas nunca lleguen a realizarse.