Pasó del 38 % al 45 % entre diciembre de 2019 y abril de este año. Los Gobiernos provinciales reflotan políticas asistenciales mientras desde el Ejecutivo nacional se recorta la IFE. La izquierda propone medidas y una salida de fondo.

Por:

Johana Gómez.

Referente provincial del PTS / Frente de Izquierda – Unidad.

Según un estudio del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza creció un 7 %: trepó del 38 % al 45 %. Además se duplicó la cantidad de personas que no cubren la canasta básica de alimentos.

Por su parte, el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, aseguró oficialmente que tanto la pobreza como la desigualdad han aumentado en la Argentina: “En septiembre, el INDEC va a dar el índice de pobreza al 30 de junio, y sin dudas, va a dar un aumento porque subió el costo de los alimentos y porque mucha gente no solo que no tiene changas y tiene menos ingresos, también está endeudada”.

En esta primera mitad del año, en el marco del coronavirus, el Estado destinó fondos para evitar protestas de hambre y conflictos laborales. Sin embargo, la pobreza crece y la crisis amenaza con agravarse, atento a que gran parte del presupuesto estatal va a parar a las arcas de acreedores y organismos internacionales de crédito (5.000 millones de dólares en lo que va del año).

El “Plan Argentina contra el Hambre” fue una política que el Gobierno de Alberto Fernández puso en marcha recién habiendo asumido. Fue la respuesta al drama de los 16 millones de pobres que dejó el macrismo, a través de una tarjeta que solo permite comprar alimentos. Actualmente, establece un monto de $4.000 mensuales para quienes tienen un/a hijo/a, y de $6.000 para quienes tengan dos o más. Está destinada a personas beneficiarias de la “Asignación Universal por Hijo” y a quienes reciben la “Asignación por Embarazo”.

La creación del “Programa Potenciar Trabajo” consistió en la unificación de dos políticas de asistencia social que ya existían: “Hacemos Futuro” y “Salario Social Complementario”. Se trata de un microcrédito y crédito para máquinas y herramientas, destinado a quienes tienen planes sociales y para quienes no los tienen. Y el Salario Social Complementario está en $8.500.

El Gobierno nacional anunció que destinará a este plan 2.273 millones de pesos en los próximos 10 meses. ¿Demasiado? Para nada, muy poco. Como para tener una noción de qué tanto es esto, solamente en mayo de este año, se pagaron intereses de Deuda Externa por 58.000 millones de pesos.

Con Potenciar Trabajo se busca dar respuesta en las provincias que comienzan a reactivar su economía y que dejarán de recibir el IFE de $10.000. Con el recorte que se aplicará a esta política, 4.5 millones de familias dejarán de cobrarlo. Mientras los programas que asisten al empresariado seguirán vigentes (ATP), el IFE solo se seguirá percibiendo en el AMBA, Chaco y algunas localidades de Neuquén y Río Negro. A esto también se suma el hecho de que en junio la Presidencia de la Nación entregó un bono de $3.000 a beneficiarios de planes sociales que no recibieron el IFE.

Las medidas y la salida tienen que ser de fondo.

Ante problemas estructurales que ningún Gobierno se ha puesto a resolver, las políticas que impulsan el oficialismo nacional y las gobernaciones provinciales son un rediseño de la asistencia social preexistente. Tales medidas pueden llegar a aliviar los bolsillos populares, pero tal alivio alcanza para pocos días. La crisis avanza, las empresas amenazan con más recortes salariales, suspensiones, despidos y cierres, y se prevé que el Producto Bruto Interno (PBI) caiga un 10 %, a lo que se suman las consecuencias sanitarias, económicas y sociales que profundizará el COVID-19.

Una salida de fondo para los sectores sin empleo y los más precarios, podría alcanzarse a través de un plan de obras públicas, tendientes a construir las viviendas y los hospitales que hacen falta para enfrentar la pandemia. De esta manera se podrían crear puestos de trabajo genuino, con un salario de cuarentena de $30.000. Los fondos para ello podrían obtenerse del no pago soberano de la Deuda Externa y la creación de un impuesto a las grandes fortunas.

Ya es hora de que los ricos del país y la casta política que los representa se hagan cargo de todas las contradicciones sociales y problemas estructurales que ningún Gobierno resolvió nunca, como así también, de pagar los platos rotos que el coronavirus dejará en los meses y años venideros.