El Superior Tribunal de Justicia no es un mero espectador de la actuación del gobernador saliente que toma decisiones afectando fondos públicos cuyo destino debiera resolver el próximo Gobierno.

Ahora las miradas apuntan a ellos también.

Estos jueces intervinieron de forma extraordinaria para darle vía libre a Alberto Rodríguez Saá. Fallaron contra la medida de no innovar de la jueza María Eugenia Bona que había frenado los llamados a licitación de obras cuya construcción demanden recursos de futuros presupuestos.

El Superior Tribunal de Justicia se ocupó del caso mediante la vía extraordinaria del “per saltum” de conformidad con el dictamen del procurador General de la Provincia. El 12 de octubre habilitó al gobernador saliente a continuar con contrataciones y licitaciones que afectarán fondos públicos que les corresponde administrar al Gobierno que asumirá el 10 de diciembre.

Ese fallo dio lugar a que se reimpulsaran los trámites para adjudicar los proyectos de la Ciudad Judicial por $41.321.324.726 y la obra vial sobre la Ruta N°1 por $ 28.650.000.000. Participan como oferentes Semisa, Rovella Carranza SA y Serving SRL.

En ese escenario Claudio Poggi en su condición de gobernador electo, con el patrocinio de Ricardo Endeiza, insistió ante la Justicia. Lo hizo porque esos dos proyectos violan la Constitución y la ley al exceder ampliamente la ejecución el mandato del actual Gobierno que tiene por delante solo 32 días de gestión.

Pidió al STJ que dicte medidas cautelares para evitar que se pague el anticipo financiero del 30% de $70 mil millones.

Por ahora el trámite avanza dando lugar a que Rodríguez Saá, hasta horas antes de entregar las llaves de Terrazas del Portezuelo, pueda transferirles a las constructoras $21 mil millones.

Entonces esas cautelares son determinantes para la salud de las finanzas de la Provincia. Si el Superior Tribunal de Justicia ordena suspender los procesos de adjudicación de ambas obras se evitará que salgan del Tesoro los anticipos financieros.

Está en manos de los cortesanos el pago o no de los sueldos de diciembre de los estatales.

Los $21 mil millones que se entregarían a las empresas son casi el equivalente a lo que se necesita para atender los salarios. El costo laboral mensual es de $26.150 millones, sin considerar el SAC.