El Tribunal Oral Federal número 3 dictó en la tarde de este jueves un veredicto de trascendencia: los magistrados decidieron condenar al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray a la pena de 4 años y ocho meses de prisión por el delito de «defraduación al Estado», mientras que los otros dos imputados, Fabián De Sousa y Cristóbal López, titulares de Oil Combustibles, fueron absueltos. 

Los magistrados entendieron que el exfuncionario de los gobiernos kirchneristas, quien apelará la medida y por lo tanto no irá a la cárcel, cometió delitos al habilitar el otorgamiento de determinados planes de pagos a la empresa Oil Combustibles, pero desligaron de responsabilidades a los empresarios. Los fundamentos de esta sentencia serán difundidos el 17 de marzo del próximo año. Este fallo no está firme y podrá ser recurrido en la Cámara de Casación Penal por el Ministerio Público Fiscal.

En la parte resolutiva del fallo el TOF dispuso condenar a Echegaray a «cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública», al hallarlo «autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública». A la vez, por mayoría (Machado Pelloni y Ríos a favor, Basso en disidencia), el TOF absolvió a López y De Sousa y dispuso «levantar las medidas cautelares» dictadas contra ambos, «como así también de todas las personas jurídicas en la que tienen participación».

Echegaray sostuvo que los planes de pago otorgados a Oil Combustibles fueron «iguales» a los otros 1.648 que hubo durante su gestión en el organismo recaudador, y que durante el juicio -suspendido durante varios meses por la pandemia de coronavirus- no se produjo «ninguna prueba» que avalara la acusación.

«Nada de esto hubiese pasado si yo hubiese acordado con Macri entregarle los medios para que él los use a gusto», sostuvo López, el primero en hablar antes de la lectura del fallo.

Por su parte, Fabian De Sousa lanzó: «Siempre tuve clara mi inocencia». «La finalidad no era cobrar impuestos, era quebrar a las empresas del Grupo Indalo. Querían quebrar a los medios que daban una visión de país distinto al que ellos querían mostrar», agregó el accionista.

La trama detrás del juicio

Tal como contó Página/12, a lo largo de los dos años y medio que duró el juicio, decenas de testigos y una pericia fueron desarmando la acusación y desnudaron la trama de persecución que se desarrolló dentro de la AFIP. El delito por el cual se produjo la elevación a juicio es el de fraude en perjuicio del Estado, con Echegaray como autor y como coautores Cristóbal López y De Sousa. El cargo en concreto era que Oil debía muchísimo dinero de impuestos y que con ese dinero compró otras empresas. El peritaje demolió la acusación al señalar que tenía planes de pago como otras muchas empresas y que estaba al día en los pagos.

López y De Sousa estuvieron casi dos años en el penal de Ezeiza, mientras todas las empresas del grupo Indalo fueron bloqueadas con embargos y una cantidad enorme de medidas judiciales que los dejaron totalmente sin el control del grupo. 

Al mismo tiempo, la estrategia del macrismo fue ahogar a todo el grupo para obligar a López y De Sousa a vender las empresas. No solo la petrolera, sino también el canal C5N y las radios, principalmente Radio 10, que no acompañaban la política del macrismo. Por supuesto, todo fue acompañado por la aparición de supuestos empresarios, amigos del gobierno de Mauricio Macri, que se ofrecían a comprar las empresas precio vil.