El exsecretario General de la Gobernación, Miguel «Micky» Berardo, y la exsecretaria de Deportes, Cintia Ramírez, fueron imputados por delitos de corrupción que afectaron los bienes del Estado. Ambos firmaron contratos millonarios pocos días antes de finalizar su mandato, los cuales nunca se concretaron, lo que derivó en serias irregularidades.

Durante la audiencia realizada este jueves, se detallaron tres contratos firmados entre el 4 y 6 de diciembre de 2023, que comprometían $87.500.000 del Estado para obras deportivas en La Punta, incluyendo el movimiento de suelo y la nivelación de canchas de fútbol. Sin embargo, las obras no se realizaron y se violaron las normas vigentes mediante un anticipo financiero del 70% del valor total. Además, se evidenció la relación personal entre Ramírez y el gerente de la empresa contratista, MyD Construcciones, lo que incrementó las sospechas sobre la legalidad de los contratos.

Declaraciones y acusaciones

Mientras que Berardo se mantuvo en silencio durante la audiencia, Ramírez decidió hablar y defendió su actuación, acusando al sistema judicial de llevar a cabo una persecución política en su contra. “Siempre he actuado dentro de la ley”, afirmó. Sin embargo, la fiscal Antonella Córdoba insistió en que las acciones de los imputados violaron gravemente la normativa provincial, destacando que no justificaron la necesidad ni la razonabilidad de las contrataciones directas.

Por su parte, el jefe de la Sala Penal de la fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, sugirió que el caso podría ampliarse con nuevas pruebas y más involucrados, subrayando que la corrupción operaba bajo un esquema para beneficiar intereses particulares.

Medidas cautelares

El juez Marcos Flores Leyes dispuso la prohibición de salida de San Luis para ambos acusados durante cuatro meses, así como la inhibición de sus bienes. Además, se consideró la posibilidad de incluir cargos por negociaciones incompatibles con la función pública.

Este caso se suma a la creciente lista de funcionarios del entorno de Alberto Rodríguez Saá implicados en investigaciones por malversación de fondos públicos, generando aún más incertidumbre sobre la transparencia en la gestión pública de la provincia.