La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados analizó hoy presuntas «irregularidades» en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) por parte de la Corte Suprema, en el marco de la investigación por mal desempeño contra los magistrados de dicho tribunal.

La diputada nacional del Frente de Todos Vanesa Siley se hizo eco del informe de la comisión de la Corte encargada de la auditoría de la obra social, que da cuenta de «la situación desastrosa en términos de control de planificación de gestión financiera en la que está».

La legisladora kirchnerista y referente de un gremio de trabajadores judiciales lamentó que dicha obra social «no se guía por la Ley de Administración Financiera, sino que tampoco tiene legislación ni tiene ley propia».

«En el sistema de obras sociales tienen una ley y autoridad de aplicación, mismo empresas de medicina prepaga, las obras sociales universitarias», describió Siley, que acto seguido propuso a sus pares confeccionar «una ley que determine en la obra social del Poder Judicial un directorio por ley, reglas establecidas en una norma legal, así como una autoridad de aplicación que sea la Superintendencia o el Ministerio de Salud».

«Los problemas tienen que ver con que es la Corte que crea el estatuto, lo modifica, fiscaliza y designa autoridades. Tenemos el famoso cumplimiento cabal de juez y parte”, resumió la diputada del Frente de Todos, cuyo discurso fue avalado por sus compañeros de bancada Ramiro Gutiérrez y Rodolfo Tailhade.

Sorpresivamente, también adhirió Graciela Ocaña (PRO), quien pidió que el Congreso «establezca un marco legal y encuadrar a todas las obras sociales que quedan por fuera del sistema general».

Antes de que se iniciara la ronda de preguntas a los testigos, Siley subrayó la importancia de abordar el tema de la obra social porque «es una de las causales que es transversal porque es permanente tanto en la denuncia que realizó el Frente de Todos como la que hicieron los miembros de la Coalición Cívica». 

«Son muchos años de irregularidades que se están abordando. No hay que olvidar que todo redunda en la salud de otras personas y hay que abordar el tema con mucha seriedad porque se trata de la salud de más de mil afiliados», expresó.

La palabra de los testigos

Tras entrevistar la semana pasada a testigos en el marco de la causal del fallo del 2×1 con el que la Corte Suprema pretendió beneficiar con la conmutación de la pena a represores de la última dictadura militar, este martes se desarrolló una nueva audiencia testimonial con eje en las irregularidades de la OSPJN.  

Con este propósito fue citado a declarar el ex director de la entidad Aldo Tonón, pero éste se ausentó alegando que ya está siendo investigado penalmente por este mismo motivo en una causa que tramita el juez Ariel Lijo y que en consecuencia podría autoincriminarse en la audiencia del juicio político a la Corte.

La entrerriana le contestó el lunes por cédula, aclarando que según el artículo 240 del Código Procesal, «toda persona tiene la carga pública de prestar declaración testimonial».

Según comentó Gaillard, en dicha contestación le aclaró a Tonón que en caso de que alguna pregunta que se le formulase en el marco de la audiencia testimonial pudiera llevarlo a autoincriminarse, tenía el derecho a abstenerse de de responder, como ya han hecho otros testigos.

Tras una serie de disquisiciones sobre el tema, Gaillard sometió a votación la reiteración de la convocatoria a Tonón, la cual resultó afirmativa con el apoyo de la Coalición Cívica.

En otro orden, la comisión resolvió -con los votos del oficialismo- acudir al juez federal de turno para que arbitre las medidas necesarias para hacer comparecer por la fuerza pública al abogado Marcelo Jorge Mazzeo, quien desistió en dos ocasiones de su obligación de comparecer ante la comisión en calidad de testigo.

Este profesional fue convocado para dar cuenta de su aparición en los chats filtrados del teléfono celular de Marcelo D’Alessandro.

La primera testigo en declarar fue la médica forense y perito de la Corte María Cristina Interlandi, quien ratificó el informe que presentó la Comisión Auditora de la obra social que integra. 

«El periodo auditado por un amplio marco temporal abarcaba desde abril del 2008 hasta septiembre de 2021, un tiempo de 13 años», detalló la doctora, que indicó que la auditoría realizada fue «financiera, económica y de gestión». 

«La auditoría constaba, y así lo decía la resolución, de dos abogados, dos contadores y dos médicos y nosotros nos abocamos a todo lo vinculado con la atención médica como la parte de farmacia, pedidos de los beneficiarios. Siempre hubo actitud de colaboración cuando nos contactamos con autoridades de la obra social para solicitar algo», relató.

Cuando Siley le recordó que el cargo de subdirector médico «estuvo vacante durante 13 años», Interlandi explicó que esas funciones eran ejercidas «por alguna parte del personal de la institución», aunque reconoció la importancia de que «haya un director y subdirector médico».

«La función de un subdirector médico hace a una organización administrativa dentro de un sistema y es necesario cubrir ese cargo», admitió.

Al ser consultada sobre la farmacia de la obra social, la testigo contó que los pedidos de medicamentos se hacían dos veces por semana, incluyendo «los de alto costo (oncológicos) y los vinculados a pacientes de enfermedades crónicas y medicamentos de stock habitual».

Según precisó. «no están informatizados las autorizaciones de medicaciones de cada afiliado y eso siempre es una dificultad y una demora».

«En el informe pusimos que como el sistema no estaba informatizado no se podía tener un buen control del stock de medicamentos, la compra de los mismos y la venta», insistió Interlandi.

«El sistema informático que utilizaba la farmacia tenía dos espacios distintos, uno donde se cargaban las compras y el otro donde se procesaban las ventas y el sistema denominado mostrador para la consulta de saldos y productos. Sin embargo, muchos sistemas no coincidían en sus valores, así tampoco existe coincidencia entre el stock informático y el físico. Dependiendo de la medicación que se trate, podría traer un prejuicio», advirtió.

Por otro lado, la médica señaló que en el informe se advirtió que el sistema «no prevé la carga de la fecha de vencimiento de los medicamentos entonces eso genera nuevos problemas administrativos de gestión que puede traer consecuencias adicionales como por ejemplo que no se disponga del medicamento, que no se reponga con tiempo, que se despache por error remedios vencidos».

Sobre la modalidad de adquisición de medicamentos y prótesis, Interlandi indicó que creía que se hacía por «compra directa», es decir, sin licitación.

A su turno, Oscar Fernández (perito que tomó parte de la auditoría ordenada por la CSJN) remarcó que la obra social «no cuenta con un sistema contable, por ende, no se cuenta con la información contable que circula dentro de la organización».

«Es un dato menos para tomar decisiones correctas. No es algo habitual», lamentó el testigo, que contó que al reunirse con los profesionales que hicieron el estado contable sobre el período analizado de 13 años le hicieron «varias observaciones mencionando las dificultades, las limitaciones, los problemas respecto de la seguridad de la información con la que trabajaban».

«Ninguno de los balances pasó por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que legaliza las firmas de los documentos», apuntó, y por si quedaban dudas agregó: «No nos consta a nosotros que la Corte haya solicitado la corrección de estas irregularidades».

Por su parte, la contadora Melisa Solana explicó que fue designada por los jueces de la Corte para la obra social de los judiciales y que tuvo una reunión con el juez Horacio Rosatti para abordar las falencias en el sistema administrativo.

La mujer indicó que «todas las deficiencias fueron informadas oportunamente al directorio», y entre ellas señaló que «no había registros contables” en la obra social, en coincidencia con el testimonio de Fernández.

Además de Interlandi, Fernández y Solana brindaron declaración testimonial la funcionaria judicial María Guadalupe Burgos, y las trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN Laura Coulin y Liliana de Brito.