Tras un fallo judicial igual que a nivel nacional, el juez Esteban Maqueda accedió a la requisitoria del fiscal Federal Cristian Rachid para frenar las medidas económicas con fines de “comprar” o dirigir votos.
La medida judicial ordena que todos los créditos/asistencias económicas que el gobierno quería dar producto de la derrota de las PASO, sean entregadas y continúen después del 15 de noviembre, un día después de las elecciones, esto es para garantizar que los ciudadanos no se vean en la obligación de votar de una forma coercitiva.
Alberto Rodríguez Saá, en un escueto comunicado confirmó que seguirá con las medidas económicas luego de finalizadas las elecciones, al igual que Alberto Fernández y la entrega de un “bono cultural” de 5.000 para jóvenes de 18 a 24 años.
Durante toda la pandémica/crisis económicas, el gobierno de San Luis no ofreció ninguna asistencia a los sectores más perjudicados, ya sea comerciantes como desocupados, incluso la oposición, y diversos sectores las pidieron, pero sistemáticamente los diputados y senadores kirchneristas de San Luis denegaron los pedidos de auxilio.
