A casi 5 meses de su anuncio, en la tarde del pasado viernes se presentó en el Congreso Nacional el impuesto que gravaría por única vez a las personas más ricas del país. Sin embargo, a tono con cederle tanto a los que tienen todo y de todo, llega bastante devaluado.

Por:

Johana Gómez.

Referente provincial del PTS / Frente de Izquierda – Unidad.

La iniciativa de Carlos Heller y Máximo Kirchner finalmente comenzaría a ser tratada en comisiones en los próximos días. Largos meses pasaron desde que el impuesto fuera anunciado por primera vez a comienzos de abril. En esos primeros borradores lo denominaban “Impuesto Patria”.

El mismo Presidente (Alberto Fernández) más de una vez manifestó  públicamente su acuerdo con dicho impuesto que, en sus primeros borradores, planteaba alcanzar tanto a personas físicas como jurídicas. Es decir, no sólo a la riqueza de los mayores multimillonarios del país, sino también a los bancos, los grandes grupos económicos, las empresas agropecuarias, entre otras.

Cuarentena y crisis económica mediante, los índices de pobreza alcanzan hoy a casi la mitad de la población. Son también 5,5 millones las trabajadoras y los trabajadores que sufrieron despidos, suspensiones o algún tipo de ataque sobre sus salarios.

Durante todos estos meses de sufrimientos cada vez más agudos para amplios sectores de la población, el Gobierno nacional fue tomando una larga serie de medidas en función de los intereses de los más poderosos: desde aquel acuerdo pactado entre la UIA y la CGT – que el propio Alberto Fernández denominó como “histórico” – para que las empresas suspendan masivamente a todo su personal, pagando apenas el 75 % del salario; hasta la Ley de “Economía del Conocimiento”, con la cual, benefició a empresas como Mercado Libre (hoy la empresa más cotizada del país).

En su afán de conciliar con los grandes empresarios, estos fueron marcando la agenda con sus demandas. Luego, lógicamente, aprovecharon para ir por más. Parte de esto explica que cuando la Presidencia de la Nación amagó con expropiar al gigante agropecuario Vicentín, la derecha salió a manifestarse, y el oficialismo finalmente tomó la opción de retroceder. Como resultado de ello, la empresa acusada de defraudar al propio Estado nacional no se vio afectada.

Así fue cómo de la mano del agravamiento de la situación económica y sacando lecciones de que “cuando presionan, desde el Gobierno ceden”, la propia derecha se fue envalentonando. Parte de esto es lo que se ha estado viendo en los “banderazos” de las últimas semanas.

Ahora el Gobierno nacional sale a intentar recobrar alguna iniciativa. Parte de ello se refleja en la presentación de este Proyecto de Ley a los más ricos. Pero, a tono con cederle tanto a los que tienen todo y de todo, llega devaluado.

Cambió incluso su denominación. Ahora se trata de un “aporte extraordinario solidario”, totalmente lejos de cualquier intento de afectar a los dueños del país. En la misma sintonía desencantada, los propios medios de comunicación vinculados al oficialismo daban cuenta del enorme retraso con que llega. También vienen afirmando que a los ricos esto “no les cambiará nada”.

Lejos está, también, de tratarse de un impuesto que pueda dar respuesta a varias de las necesidades más urgentes. La iniciativa apenas será un aporte por única vez, sin incluir a las empresas, sino únicamente una carga a las fortunas personales.

En la misma serán incluidos alrededor de 12.000 personas, aquellas que posean más de 200 millones de pesos. La alícuota será solamente de un 2 %, siendo apenas un poco superior (hasta 3,5 %) solamente para las 300 personas que tienen una riqueza aún mayor. Entre los objetivos de los recursos extraordinarios que se obtengan, se incluye destinar una parte para financiar a PyMes. También se destinaría a comprar equipamiento en salud y urbanizar barrios populares.

Si el objetivo es evitar que la crisis recaiga sobre las espaldas del conjunto de la población trabajadora, de amplios sectores de las clases medias empobrecidas, se vuelve más urgente que nunca tocar los intereses de los sectores sociales, industriales y productivos que más fortuna concentran.

Medidas elementales, como un salario de cuarentena de $30.000, un fuerte financiamiento al golpeado sistema de salud, así como un plan de obras públicas para dar respuesta al urgente problema de la desocupación, podrían comenzar a discutirse con un impuesto que afecte realmente sus bolsillos.

El Proyecto presentado por el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT – U) que, en estos meses, tanto el peronismo como la oposición cambiemita se negaron a tratar, apunta en esa dirección. Un proyecto que parta de tocar tanto las riquezas individuales como los beneficios bancarios y las ganancias empresariales, y cobrando un impuesto especial sobre la gran propiedad de la tierra, entre otras medidas.

Como dijo Nicolás Del Caño (Diputado Nacional del FIT – U), “es ahí donde están los recursos disponibles para dar respuesta a la crisis sanitaria, económica y social que estamos atravesando”.