Senadores y diputados nacionales del Frente de Todos se presentaron a la Justicia Federal para pedir que se investiguen los dichos de la jueza Ana María Figueroa acerca de las presuntas presiones de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri para forzar determinadas causas, y pidieron que se la cite a declarar, así como también se investigue a Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, presunto protagonista de dichas maniobras. 

El escrito fue presentado por el titular del bloque del Frente de Todos de la Cámara alta, José Mayans, a quien acompañaron Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Jorge Taiana; y nueve diputados, entre ellos, Leopoldo Moreau, Martín Soria y José Luis Gioja. Debido a la «enorme gravedad institucional del caso», solicitaron que se habilite la feria judicial.

La magistrada, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, dio una entrevista el sábado pasado al programa Toma y Daca, de AM750, en la que se refirió a las «presiones» sufridas durante el gobierno de Cambiemos. «Aún votando de manera conjunta con colegas en algunas cuestiones más álgidas, políticamente, el ex presidente de la Nación públicamente decía que felicitaba a los otros dos jueces a pesar de las presiones que habían tenido por la jueza Figueroa, y habíamos votado los tres igual, por ejemplo», dijo en la entrevista.

También reveló que apenas asumió Macri «me preguntaron cuánto iba a demorar en sacar un fallo, cosa que no me había pasado nunca en Casación», y que reclamó no volver a tener esa clase de pedidos.  «No lo hicieron más personalmente, a través del poder político, pero sí lo hacían con títulos de diario», añadió, y apuntó a un funcionario «por debajo del ministro (Germán) Garavano», quien la presionaba por el Memorándum con Irán. El funcionario habría sido Mahiques. 

En el texto presentado hoy, los diputados y senadores resaltan que a partir de la asunción de Macri en 2015 «fueron desplegadas, desde distintos estamentos oficiales y sectores afines, diferentes maniobras destinadas a interferir sobre el normal funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y direccionar el trámite de causas que le resultaban funcionales a sus intereses políticos», y que esas maniobras fueron «planificadas, dirigidas y ejecutadas desde una denominada Mesa Judicial» integrada  «nada más ni nada menos que por el ex Presidente de la Nación, funcionarios de su gobierno y operadores judiciales», entre los que mencionan al ex ministro de Justicia Germán Garavano; el ex secretario de Asuntos Penitenciarios, al subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y, a la vez, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Juan Bautista Mahiques; el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas; los ex secretarios de Estado José Torello y Pablo Clusellas; el ex Procurador del Tesoro de la Nación Bernardo Saravia Frías y los abogados Fabián «Pepín» Rodríguez Simón y Daniel Angelici.

«Como puede advertirse, las manifestaciones de la jueza Figueroa revisten una gravedad inusitada», apuntan lo legisladores. «Lisa y llanamente, una magistrada que integra el máximo tribunal penal federal del país reconoció que, durante los últimos cuatro años, no solo ella, sino también muchos otros colegas, sufrieron presiones por parte de miembros del Poder Ejecutivo de la Nación e integrantes de servicios -aparentemente de inteligencia-, quienes se arrogaron ilícitamente la potestad de ‘direccionar qué sentencias tienen que darse y con qué sentido o con qué dosificación de pena, etcétera'».

La denuncia también subraya que, si bien la jueza se refirió al caso del Memorándum, «lo cierto es que la nombrada magistrada da cuenta de un modus operandi y ratifica que se desarrolló en forma sistemática sobre un grupo por ahora indeterminado de magistrados que tenían a su cargo causas de interés político». 

El escrito señala que se podría estar frente a una asociación ilícita agravada, amenazas coactivas agravadas, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Y pide la declaración testimonial de la jueza Figueroa, así como el registro de las llamadas telefónicas de Juan Bautista Mahiques durante los cuatro años de gobierno de Macri. Además, se solicitan «los registros fílmicos, las imágenes, los libros de ingreso y egreso y cualquier otra constancia» que permita saber si entre diciembre de 2015 y diciembre 2019 jueces y fiscales estuvieron en la Casa Rosada, la AFI, el ministerio de Justicia o la Quinta de Olivos.