Pasaron cinco meses desde que se formalizó la denuncia contra el camarista penal Hugo Saá Petrino por un presunto desmanejo millonario de fondos del Colegio de Magistrados que presidía. Sin embargo, la investigación identificada como PEX 463864 “Av. Su denuncia – Colegio de Magistrados Provincia de San Luis” no registra avances concretos.

La acusación es grave: 54 cheques rechazados sin fondos, transferencias a su cuenta personal y a la de familiares, y un faltante superior a los 5,3 millones de pesos, según una auditoría contable solicitada por la nueva conducción de la entidad.

Mientras tanto, el expediente permanece prácticamente inmóvil.

La auditoría que encendió las alarmas

El conflicto salió a la luz tras la renovación de la comisión directiva del Colegio de Magistrados. La nueva conducción, encabezada por Fernando Spagnuolo, impulsó una auditoría que detectó un rojo de $5.396.884,58 y 58 cheques rechazados, de los cuales 54 habrían sido emitidos sin fondos suficientes.

Según el informe contable, durante su gestión Saá Petrino habría utilizado la cuenta institucional como si fuera propia: transfirió dinero a familiares y a comercios sin vinculación con el objeto social de la entidad.

La denuncia penal se formalizó y en octubre la nueva comisión solicitó constituirse como querellante. También pidió medidas patrimoniales, financieras e informáticas para preservar prueba sensible.

Nada de eso avanzó.

Fiscales que se excusan y un expediente sin juez definido

El caso quedó envuelto en un laberinto procesal. Al tratarse de la denuncia contra un magistrado que ejerce en la capital, los fiscales con competencia en esa circunscripción se excusaron. La fiscal María del Valle Durán fue una de las primeras en apartarse.

La causa quedó bajo la órbita del fiscal José Olguín, pero hasta el momento no se habría determinado con claridad qué juez de Garantías intervendrá, ni si la investigación se tramitará en Villa Mercedes o Concarán.

Esa indefinición motivó que la comisión directiva solicitara una audiencia al procurador general, Sebastián Cadelago Filippi, para advertir sobre la falta de impulso procesal.

En la nota enviada, señalaron que “no se ha requerido la adopción de medidas judiciales” y que la causa carece de un ámbito jurisdiccional definido, lo que impide canalizar urgencias procesales.

Medidas pedidas, medidas que no llegan

Entre las diligencias solicitadas en diciembre figuran informes bancarios y financieros, análisis de movimientos a través de billeteras virtuales, medidas cautelares patrimoniales y el secuestro y preservación de dispositivos electrónicos.

Según denuncian desde el Colegio, ninguna de esas medidas se habría ejecutado.

“De la auditoría surge claramente el mal manejo de la cuenta. Hay transferencias a cuentas personales y familiares, y pagos a negocios sin ninguna justificación. Es un faltante concreto”, sostuvo Spagnuolo.

La preocupación no es sólo económica. También es institucional.

“No se trata únicamente de investigar un hecho presuntamente ilícito, sino de preservar la credibilidad del Poder Judicial cuando uno de sus integrantes está bajo sospecha”, expresaron en la presentación dirigida al procurador.

El tiempo juega en contra

En la última presentación reiterada ante la fiscalía, los denunciantes advirtieron que la falta de avance incrementa el riesgo de alteración o desaparición de evidencia, especialmente digital y financiera, y podría frustrar eventuales medidas cautelares.

Mientras tanto, Saá Petrino —quien renunció como camarista pero continúa en funciones— sigue formando parte del sistema judicial.

Cinco meses después de iniciada la denuncia, la causa no muestra movimientos sustanciales.

Y en San Luis vuelve a instalarse una pregunta incómoda:
¿la Justicia investiga con la misma velocidad cuando el denunciado es uno de los suyos?