El juicio contra Cintia Ramírez abre una escena incómoda para el poder político que gobernó San Luis durante años. Entre los testigos citados aparece nada menos que el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, cuya firma está en el decreto que habilitó el millonario subsidio para la compra del colectivo que hoy forma parte de la causa.

La pregunta que empieza a circular en el ambiente político y judicial es simple: ¿se presentará en Tribunales a declarar o elegirá responder mediante un escrito?

No es una cuestión menor. Comparecer personalmente implicaría someterse a preguntas, repreguntas y a la exposición pública de un juicio que analiza decisiones tomadas durante su gestión. Optar por un escrito, en cambio, sería una salida formalmente válida, pero políticamente más cómoda.

La diferencia no es jurídica, es simbólica.

Porque cuando se investiga el uso de fondos públicos, la sociedad espera algo más que un trámite administrativo. Espera explicaciones claras.

Si Rodríguez Saá decide ir al tribunal y responder cara a cara, enviará una señal de responsabilidad política.
Si elige el camino del papel, muchos interpretarán que prefiere hablar desde la distancia.

En un juicio donde se discute el manejo de dinero del Estado, el silencio —o la distancia— también comunica.