Este lunes comenzará en San Luis un juicio oral que promete tener alto impacto político. En el banquillo estará la ex secretaria de Deportes Cintia Ramírez, acusada de haber desviado fondos públicos para beneficiar al San Luis Fútbol Club, institución que ella misma presidía durante su gestión.
La investigación fue impulsada por la Fiscalía de Instrucción N°1, a cargo del fiscal Francisco Assat Alí, que sostiene que existió un esquema de uso irregular de recursos estatales durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
Ramírez llega al debate oral imputada por negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de cinco años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Transferencias millonarias al club que ella presidía
Uno de los ejes centrales de la acusación es una serie de 188 transferencias de fondos públicos realizadas entre 2022 y 2023 hacia el San Luis Fútbol Club, por un total de $166.612.164.
Según la investigación, Ramírez ocupaba simultáneamente la conducción de la Secretaría de Deportes, del Ente Deportes y la presidencia del club beneficiado.
De acuerdo con la Fiscalía, esos recursos fueron utilizados para financiar gastos operativos del equipo, como transporte, alojamiento, alimentación de los planteles, indumentaria y equipamiento deportivo.
Para el fiscal Assat Alí, la operatoria respondía a un claro conflicto de intereses: la misma funcionaria que autorizaba los fondos estatales era quien los recibía en su carácter de presidenta de la entidad deportiva.
La compra del colectivo bajo la lupa
El segundo eje de la causa está vinculado a la compra de un colectivo Volvo modelo 2018 destinado al traslado de las jugadoras del club.
Según el expediente judicial, el 27 de noviembre de 2023 —pocas semanas antes del cambio de gobierno— Ramírez solicitó al entonces gobernador Rodríguez Saá la adquisición de un micro de 60 asientos.
La operación se concretó mediante un subsidio estatal de $290 millones, aprobado con rapidez administrativa.
Sin embargo, una pericia técnica incorporada al expediente determinó que el valor de mercado del vehículo rondaba los $114 millones, lo que implicaría un presunto sobreprecio de $175 millones.
Un tribunal colegiado y testigos clave
El juicio se desarrollará entre el 16 y el 20 de marzo y estará a cargo de un tribunal integrado por los jueces Fernando De Viana (presidente), Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso.
Entre los testigos citados aparece el propio Rodríguez Saá, convocado por la defensa de Ramírez para que explique el decreto que autorizó el millonario subsidio para la compra del colectivo.
También deberán declarar otros ex funcionarios del gabinete provincial, entre ellos el ex ministro de Hacienda Eloy Horcajo y el ex secretario de la Gobernación Miguel Ángel Berardo, además de técnicos y peritos que participaron en las tasaciones y auditorías del caso.
Segundo juicio por corrupción del gobierno anterior
Ramírez se convierte en la segunda funcionaria de alto rango de la gestión de Rodríguez Saá en llegar a juicio oral por corrupción.
El antecedente inmediato es la condena al ex ministro de Seguridad Claudio Latini, quien fue hallado culpable de peculado tras comprobarse que trasladó bienes del Estado a su domicilio particular.
Durante las cinco jornadas de audiencias se analizará la documentación de cada una de las transferencias realizadas y el informe pericial sobre la compra del colectivo.
El tribunal deberá determinar si las decisiones administrativas adoptadas desde la Secretaría de Deportes formaron parte de un esquema para direccionar recursos públicos hacia una institución privada antes del cambio de gobierno, tal como sostiene la acusación fiscal.
