Los movimientos políticos que no pueden estar en el CNE son Fuerza Compromiso Social, Justicia Social, Libertad es Pueblo y Juntos Podemos.

La Contraloría General de Ecuador notificó este lunes 22 de junio la destitución con multa para la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint; y los consejeros José Cabrera y Esthela Acero.

La razón es que con los votos de los tres funcionarios electorales cuatro movimientos correistas: Fuerza Compromiso Social, Justicia Social, liderado por Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez; Podemos del exprefecto del Azuay, Paúl Carrasco; Libertad es Pueblo, de Gary Moreno, hermano del presidente Lenín Moreno seguirian existiendo.

De acuerdo con el contralor General del Estado, Pablo Celi, se incumplieron las recomendaciones de la Contraloría al CNE, alegando que los consejeros permitieron que los movimientos políticos «mantengan su personería jurídica incumpliendo requisitos constitucionales y legales». 

Celi, precisó con anterioridad que el incumplimiento de las recomendaciones “compromete a los miembros del CNE que, con su voto, han posibilitado resoluciones para que los movimientos continúen inscritos”.

En el informe también se da cuenta de la predeterminación de sanción de multa y destitución para la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, Dayana Torres Chamorro por «permitir informes recomendando mantener su derecho de inscripción en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas». 

De acuerdo a un informe presentado el pasado 19 de junio por la Contraloría, el CNE «deberá eliminarlos por no haber cumplido con la entrega de las firmas correspondientes al 1,5 por ciento del padrón electoral, requisito necesario para su inscripción y participación en las elecciones».

Sin embargo, el Contralor pretende iniciar el proceso de destitución de los funcionarios del CNE haciendo caso omiso a la Constitución y el Código de la Democracia que dicta quienes son las autoridades que están por encima del órgano electoral.

Un comunicado emitido por la Contraloría sobre el caso, este lunes, plantea como fecha del caso el 1 de agosto de 2020, lo que constituye un error de forma en el afán por ejecutar la destitución de los miembros del CNE. Hasta el momento la presidenta del ente electoral no se ha pronunciado, aunque, según el órgano contralor, los integrantes del CNE tiene 30 días para hacer los descargos respectivos.