Diputados de UxP solicitaron al Consejo de la Magistratura la destitución de la jueza. Servini avanza en la causa por la pérdida de información sobre el atentado.
La pérdida de información del celular de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado por el intento de matar a Cristina Fernández de Kirchner, en las primeras horas de investigación, está muy cerca de desatar un escándalo mayor. Por lo pronto, un grupo de diputados/as de Unión por la Patria pidió ante el Consejo de la Magistratura el juicio político de la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa del atentado, por el daño a esa prueba central. Pero en paralelo, lo que hoy parece una bomba de tiempo es el expediente a cargo de la jueza María Servini que debe desentrañar precisamente qué pasó con el aparato. La custodia del juzgado que entregó el aparato a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para un segundo intento de extracción de la información –ya que la Policía Federal había fallado– asegura que se lo dio a los peritos en un sobre cerrado. Pero no solo un acta que ella misma firmó la desmiente, ya que describe que el sobre estaba abierto (sin cadena de custodia) y el teléfono encendido con una leyenda roja de alerta, sino que un un exfuncionario que declaró como testigo este jueves, que estaba presente en ese momento, también la contradijo.
El pedido de juicio político, aclara que se trata de una primera presentación enfocada en lo que describe como «inutilización» del celular que llevaba Sabag Montiel cuando intentó asesinar a la entonces vicepresidenta y por la que responsabiliza a la jueza. Anuncia que habrá otras imputaciones. Por lo pronto, en lo que atañe al aparato, los denunciantes señalan lo ocurrido como la irregularidad (no descartarían delito) «más grave», porque implicó «haber posibilitado la destrucción de la principal evidencia probatoria de la causa, consistente en el borrado total del contenido del teléfono celular del autor material del hecho a pocas horas de su secuestro, como resultado de la falta de resguardo y la consecuente violación de la cadena de custodia de ese elemento». Firmaron esta denuncia las/los diputados/as Carolina Gaillard, Leopoldo Moreau, Paula Penacca, Blanca Osuna, Carolina Yutrovic y Martín Soria
Nunca se pudo saber del teléfono del propio Sabag Montiel, por ejemplo, con quien intercambiaba mensajes. Sólo lo que había en dispositivos de otras personas. El Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) todavía apuesta a un nuevo y seguramente último peritaje que se iba a hacer esta semana pero fue suspendido por pedido de la querella, que apuesta a que haya colaboración del Estado de Israel. Fue pedida en enero último, pero recién la cancillería actual reportó que se había iniciado el pedido dos semanas atrás. La expectativa es que se puedan recuperar chats y aplicaciones. De las tarjetas SIM y de memoria sí se habían rescatado fotos de Sabag Montiel y su novia con el arma.
La increíble historia
El celular del hombre que quiso matar a CFK, un Samsung Galaxy A50, fue secuestrado después de su detención a metros del edificio donde vivía CFK en Recoleta a las 00.23. Ya era 2 de septiembre de 2022. El intento de asesinato había sido al as 20.52 del día anterior. Fue enviado a Comodoro Py, al juzgado de Capuchetti, en un móvil de la Policía Federal. La jueza convocó a peritos de Cibercrimen de esa fuerza. Todo esto está relatado en la causa a cargo de Servini. El cabo primero Alejandro Heredia llegó cerca de las dos de la madrugada y puso manos a la obra. El aparato había sido enviado en un sobre cerrado dentro de otro sobre llamado Faraday que bloquea señales. Lo abrieron ante testigos. Estaba apagado. Lo encendió, vieron que tenía un patrón de seguridad, se volvió a apagar. Lo conectó a un enchufe para darle carga, sacó las tarjetas SIM y de memoria, y conectó el ceular al un sistema llamado UFED (Universal Forensic Device), de la marca israelí Cellebrite. pero en la pantalla de la computadora le aparecía un cartel de «error de extracción». Repitió el procedimiento tres veces y pasaba lo mismo. Desistió.
Se supone que el celular quedó en la caja fuerte del juzgado de Capuchetti, según declaró su personal. Finalmente decidió enviarlo a la PSA porque le dijeron que tenía tecnología más actualizada. Antes de mandarlo, según volvió a narrar el secretario Federico Clerc en el juzgado de Servini la semana pasada, una empleada abrió el sobre que contenía el aparato para verificarlo. Según el expediente de Servini, estaba prendido. En su primera declaración no daba precisiones sobre la cadena de custodia. Ahora, cuando le preguntaron, el secretario dijo que el sobre fue cerrado, según pudo reconstruir este diario por allegados a la pesquisa. Capuchetti se lo dio a la mujer que custodia su juzgado, una agente de la Policía Federal, Priscila Santillán, para que lo lleve al laboratorio de Ezeiza. Allí, en rigor, los peritos esperaban a la propia magistrada. Tampoco fue su secretario. Uno de ellos, Leandro Noguera, se subió al auto y se bajó en su casa en el camino. La custodia Santillán viajó sola alrededor de las 23 horas con el celular de Sabag Montiel de Retiro a Ezeiza.
Según el acta que se labró en la PSA, la mujer entregó un sobre roto. Los peritos que aguardaban para extraer la información eran la oficial principal Camila Dafne Seren y el subinspector Pablo Kaplan. Ese documento dice que el celular llegó en un «sobre color marrón, abierto», «sin planilla de cadena de custodia, «conteniendo una un equipo d ecomunicaciones teléfono celular con la leyenda «Samsung Galaxy A50-WARNING: CMDLINE PARAMETER modelo SM-A505G, sin mayores datos visibles…» Decía, entre otros datos menos llamativos, que estaba en «regular estado de conservación». El acta está firmada por la propia cabo Santillán, como la persona que entregó el sobre en esas condiciones y por Seren.
Esta policía fue citada la semana como testigo por Servini: dijo, bajo juramento de verdad, que entregó el aparato en un sobre cerrado, que le ofrecieron un café, y que escuchó a Kaplan a lo lejos exclamar al recibir el paquete: «¡Está abierto!» Con el acta están las fotos de un sobre deteriorado, roto y abierto. Cuando le preguntaron por qué había firmado el acta si estaba diciendo otra cosa, su respuesta fue que estaba cansada, informaron fuentes de la causa.
Seren y Kaplan fueron imputados en marzo por la jueza Servini, igual que el policía federal Heredia, pero hasta ahora no les tomó indagatoria. Los citó y suspendió la convocatoria sin nueva fecha. Ante Capuchetti el dúo de la PSA había señalado las anomalías documentadas. Seren había señalado que estaba deteriorado el «pin de carga» del teléfono pero que también parecía haber un «daño o modificación» del software. Aquella jueza le dio intervención a Gendarmería y luego hizo la denuncia.
Este jueves declaró ante Servini otro testigo: una persona más que estaba en la sede de la PSA en el momento que llegó el teléfono, el exdirector de Inteligencia Criminal, Damián Neustadt. El exfuncionario detalló que la custodia de Capuchetti llegó a la PSA con el sobre «bajo el brazo» y «abierto». Dijo que, en efecto, estaba prendido. Como tenía el texto de letras rojas con un alerta los peritos implementaron procedimientos para salir de esa pantalla e iniciarlo. Antes consultaron al secretario del juzgado si seguían con el procedimiento, y la respuesta fue que sí: «que el celular estaba en el ámbito del juzgado». En ese procedimiento terminó «reseteado de fábrica», como si estuviera en cero. Decidieron no tocarlo más. Y nunca más se intentó obtener el contenido por el peligro de que se pierda. Quedó todo en manos del tribunal oral. Neustadt dijo que Santillán se tomó un café pero fue mientras los expertos trabajaban.
En suma, la custodia de Capuchatti dijo una cosa –inclinada en favor de su jefa– y el exfuncionario dijo otra. También Clerc contradice a la agente en cierta medida. ¿Habrá alguien acusado por falso testimonio en toda esta historia?
El pedido de destitución
Los diptuados/as que denunciaron a Capuchetti describieron buena parte de esta cronología de hechos en su presentación ante el organismo que juzga y elige a los jueces y juezas. Allí responsabilizaron a la jueza de que «en menos de 24 horas y estando en su poder la principal prueba del magnicidio, echara a perder su contenido y demostrara que ni siquiera le interesó custodiar ese elemento, revela una desastrosa actuación funcional y al menos un desconocimiento de las funciones y responsabilidades de los magistrados, que claramente indica que la juez no estuvo a la altura de lo que se esperaba de ella y de cualquier juez o jueza a cargo de un caso como éste». Hacen responsable a la magistrada de «la violación de la cadena de custodia» y de lo que describen como «borrado».
Abren el interrogante de qué pasó con el aparato en el juzgado. «Entre la madrugada y las 23 horas del día 2 de septiembre de 2022, mientras el dispositivo secuestrado a Sabag Montiel se encontraba en la caja de seguridad del juzgado, exclusivamente a cargo de la jueza, alguien decidió sacar ese sobre de la caja fuerte y luego de violar el lacrado manipuló el teléfono hasta echar a perder todo su contenido… » No hay fundamento, dice, para la supuesta manipulación, pero tal tal vez explique la desprolijidad posterior. Dicen que Capuchetti no abrió un sumario interno inmediatamente después de las irregularidades –más adelante hizo la denuncia– y describen como «irregular» e «imprudente» que mande a su custodia personal «para trasladar el aparato» de «maenera solitaria y en el automóvil que utiliza la jueza para desplazarse». Por todo esto piden una investigación en el Consejo por mal desempeño y su destitución, aunque pronto harían denuncias adicionales.
