Argentina dio inicio formal a las consultas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acordar un nuevo programa crediticio, en reemplazo del suscrito en 2018 por 57.000 millones de dólares. En el texto firmado este miércoles por el ministro de economía, Martín Guzmán, y el Presidente del Banco Central, Miguel Pesce, se le requiere al organismo internacional «asistencia financiera».

«El presidente Alberto Fernández, con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y del representante del Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos, se comunicó con (la directora gerente) Kristalina Georgieva para comenzar las negociaciones destinadas a arribar a un nuevo entendimiento con el organismo»,  informó la Presidencia en un comunicado.

El pedido -formalizado a través de una nota oficial enviada a Georgieva- fue dado a conocer esta tarde por Guzmán a través de su cuenta de Twitter. https://twitter.com/Martin_M_Guzman/status/1298679303505424386

Como consecuencia de la incapacidad del “cancelado y descarrilado acuerdo Stand By de 2018 (SBA)” tanto para “restaurar  la confianza como para generar robustez a través de un incremento del nivel de reservas internacionales», dice la carta firmada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el Presidente del Banco Central, Miguel Pesce, «enfrentamos importantes necesidades de balanza de pagos para el período 2021-2024», mayormente asociadas con la previa adquisición del FMI de alrededor de 31.910 millones de DEGs (Derechos Especiales de Giro).

En este contexto, solicitaron los funcionarios en el texto a Giorgieva, «requerimos formalmente asistencia financiera bajo un Programa con el Fondo Monetario Internacional, e invitamos al staff a una misión para comenzar las conversaciones».

Este miércoles, luego de la «extensa charla» con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alberto Fernández había asegurado que se pondrían «en orden» las cuentas con los organismos internacionales.

«Mi conversación con Kristalina Giorgieva me alienta a pensar que lo haremos con una lógica común, la de no postergar a la Argentina y no hacer sufrir a los que mucho han sufrido”, remarcó durante un anuncio de inversiones en empresas locales. 

La historia reciente

Entre 2017 y 2019, explicaron Guzmán y Pesce en la carta, Argentina redujo el déficit fiscal primario del 3,8% al 0,9% del producto interno bruto, mientras que el déficit de cuenta corriente cayó del 4,8% al 0,9% del producto interno bruto.

“A pesar de que la Argentina cumplió con dichos criterios de cumplimiento establecidos en el SBA, la fuga de activos denominados en pesos continuó y el país no fue capaz de obtener tasas de refinanciación satisfactorias, ni de asegurar la sustentabilidad de la deuda pública”, dijeron los economistas, al recordar que la actividad económica se contrajo por un 2,6% y un 2,1% durante 2018 y 2019 respectivamente, y la inflación del índice de precios al consumidor marcó respectivamente un 47,6% y un 53,8% para 2018 y 2019. Todo ello, combinado con una contracción monetaria «sin precedentes».

Desde la asunción del presidente Alberto Fernández en diciembre de 2019, continuó el racconto, “implementamos un conjunto diferente de políticas diseñadas para prevenir una caída mayor de la producción, y el empleo, reducir la inflación, restaurar la sustentabilidad de la deuda externa y pública, y crear las condiciones para facilitar la remoción, a su debido tiempo, de las restricciones al acceso al mercado de cambios oficial”.

Con el objetivo de fortalecer el mercado de capitales doméstico, recordaron, se redujeron gradualmente las tasas de interés monetarias, “en línea con una inflación decreciente, pero manteniéndolas en terreno real positivo; al tiempo que logramos mayores niveles de refinanciación del segmento de deuda denominado en pesos”.

Por otro lado, continuaron, desde el 21 de Enero de 2020, fecha en la que el gobierno argentino anunció la intención de iniciar el proceso de reestructuración de deuda, “hemos estado negociando con nuestros acreedores en buena fe”.

La retracción que impuso la pandemia

En marzo, sin embargo –y como ocurrió en los distintos países del mundo–, la llegada de la pandemia y la implementación de la cuarentena como medida preventiva puso un freno en ese proceso de reactivación: en el segundo trimestre de 2020 la producción se contrajo aproximadamente un 20%. 

Para enfrentar la difícil situación sanitaria y económica, se tomaron «varias medidas para apoyar a las trabajadoras y los trabajadores y las empresas» que incluyeron el ingreso familiar de emergencia (IFE) para asistir a familias sin ingresos registrados, y la asistencia al trabajo y la producción (ATP) para pagar hasta el 50% de los salarios, entre otras.

«El esfuerzo de éstas políticas y la reducción de la recaudación impositiva asociada a la pandemia del COVID-19 incrementaron el déficit fiscal primario, que alcanzó el 3,3% del producto interno bruto durante el primer semestre de 2020″, informaron los economistas.

Frente a ello, explicaron al solicitar la asistencia financiera del FMI, «estamos determinados a recomenzar el proceso de implementación de un sendero fiscal consistente una vez que los efectos de la pandemia desaparezcan, reduciendo el déficit fiscal primario de un modo que sea compatible tanto con la sustentabilidad de la deuda pública, como con la recuperación económica».