La vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, solicitó una licencia oficial y por lo pronto no estará presente en la reunión de acuerdos de mañana, la primera luego de la masiva convocatoria de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en repudio al fallo que otorgó el derogado beneficio del 2×1 para delitos de lesa humanidad, y tras la decisión del Congreso de votar de forma express una ley interpretativa para limitar el beneficio habilitado por el máximo tribunal.
Según fuentes judiciales, “en principio” la licencia será “por una semana”, pero no indicaron los motivos. Por otra parte, el acuerdo de este martes quedó postergado hasta la semana próxima, cuando Highton se reintegraría a la Corte y el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, retorne de un viaje al exterior.
La Corte Suprema emitió un comunicado el viernes pasado en el que informó que unificará todos los pedidos pendientes de las defensas de los genocidas, bajo el mismo argumento que utilizó Muiña y los analizará dentro de diez días, cuando las partes se hayan expedido, a la luz de la norma sancionada por el Parlamento.
La jueza, que en diciembre cumplirá la edad jubilatoria, modificando su posición de votos anteriores, acompañó la decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz en la acordada de la primera semana de mayo, en la que consideraron aplicable el beneficio otorgado por la Ley 24.390 —derogado en 2001, cuando estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida— al represor Luis Muiña, condenado en 2011 por delitos de lesa humanidad.
El voto de Highton de Nolasco el pasado 3 de mayo llamó la atención por el giro en los argumentos de la magistrada respecto de decisiones anteriores. En el voto con el que acompañó a Rosatti y Rosenkrantz, la jueza pasó por alto los argumentos que utilizó en otro fallo de 2009, cuando se negó a otorgarle el mismo beneficio al exmédico de la sala de partos del centro clandestino de la ESMA Jorge Luis Magnacco, al argumentar que se trataba de un delito permanente y que se aplicaba “la ley 24.410”, es decir la ley vigente en el momento en que deja de cometerse el delito.
Dos meses y medio antes del voto en el caso Muiña, Highton de Nolasco recibió el beneplácito del Gobierno para continuar ocupando su silla en el máximo tribunal después del 7 de diciembre, cuando cumplirá los 75 años, edad límite para integrar la Corte de acuerdo a la reforma constitucional de 1994. El Poder Ejecutivo había apelado el amparo presentado por la magistrada, sostenido en el fallo Fayt de 1999, para asegurarse su continuidad en el máximo tribunal. Sin embargo, tras el fallo del juez Enrique Lavié Pico a favor de Nolasco, el Ministerio de Justicia desistió de apelar la medida y avalar el deseo de la jueza.
Highton, especialista en derecho civil, se caracterizó en sus años de jueza suprema por mantener posturas tendientes a proteger los intereses del Estado en los fallos; se cuidó con frecuencia de firmar votos que pudieran generar o incentivar perjuicios económicos para las arcas públicas y fue reticente a la favorecer a las corporaciones empresarias. Está a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica y la de la Mujer. El último conflicto público que enfrentó antes del repudiado fallo a favor de los genocidas fue el nombramiento de su hija, “Elenita” Nolasco, al frente de la secretaría de Relaciones del Consumo del tribunal supremo, por la que sus colegas Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y el entonces magistrado Carlos Fayt fueron denunciados penalmente.
