En medio del tire y afloje entre el Gobierno y los docentes, el Senado de la Nación comenzó a discutir un nuevo proyecto de financiamiento educativo que eleva los recursos que aporta el Estado de 6 a 10 puntos del PBI.
La iniciativa que empezó a debatirse hoy en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara alta, de la que participaron los sindicatos docentes, pertenece a la senadora Norma Durango (Peronismo Pampeano) y retoma los principales lineamientos del proyecto presentado por la diputada Adriana Puiggrós, quien también asistió a la reunión.
La titular de Ctera, Sonia Alesso, precisó que los docentes apoyan la nueva Ley de Financiamiento Educativo porque “propone metas financieras y pedagógicas muy razonables. Para nosotros es muy importante, más cuando el Estado no está cumpliendo las leyes”.
La ley que apoyan los gremios establece que en 5 o 6 años el financiamiento educativo pase de 6 puntos del PBI a 8 puntos, más otros 2 puntos para Ciencia y Tecnología y las Universidades.
“Que el Senado nos convoque para hacernos parte de este proyecto es una buena salida para el conflicto que mantenemos desde comienzos del año”, auguró Alesso. Al respecto, la secretaria general de Ctera remarcó que “la cuestión de fondo es por qué el Gobierno nacional no quiere convocar a la paritaria, y creo que lo hace porque quiere ajustar a través de los sueldos y la inversión educativa nacional”.
“Se la pasan hablando de diálogo pero no nos han convocado. La última reunión fue el 2 de enero, no hay antecedentes de semejante destrato. Hablan de diálogo pero lo único que hacen es amenazar a los docentes”, señaló Alesso.
Para los docentes, el tratamiento de esta ley podría destrabar el conflicto ya que plantea “una respuesta para las provincias porque prevé un financiamiento federal, con un monitoreo para que el dinero no se use para otras cosas”.
Además, abarca una cuestión que el Gobierno utilizó en los últimos días como caballito de batalla: la calidad educativa. El proyecto de Durango contiene “un abordaje de Núcleos de Aprendizaje Prioritario (NAP)”, establece que los profesores estén en las escuelas “por cargo” y no por hora, y dispone un seguimiento individual de alumnos, docentes y sistema para evaluar la calidad.
“Además de elevar de de 6 a 10 puntos del PBI la inversión, es más equilibrada en cuanto al rol de las provincias, toma metas pedagógicas para garantizar la obligatoriedad secundaria en todo el país y con financiamiento para que haya escuelas y profesores, jerarquiza la carrera docente, aborda el temas de la ruralidad, la jornada extendida y del segundo idioma”, amplió Alesso.
El tratamiento fue habilitado por la titular de la comisión, Liliana Negre de Alonso, quien además precisó que están a la espera de una propuesta del Poder Ejecutivo y convocó al ministro de Educación, Esteban Bullrich, para que opine sobre el proyecto.
