Además de las detenciones, miles de funcionarios públicos han sido removidos de sus cargo y se espera que la cantidad siga en ascenso.
Más de 7.500 personas se encuentran detenidas tras el fallido golpe de Estado en Turquía, perpetrado el pasado viernes 15 de julio. Así lo informó el primer ministro de ese país, Binali Yildirim.
Entre los detenidos están 6 mil militares, 100 policías, 755 jueces y fiscales, y un total de 650 civiles.
De acuerdo al último balance, han fallecido 208 personas que se resistieron al golpe, entre ellos, tres soldados, 60 policías y 145 civiles. Entretanto, unas 1.491 personas resultaron heridas
Asimismo, el funcionario detalló que 24 soldados golpistas murieron y 50 resultaron con lesiones, al tiempo que reiteró su denuncia contra el predicador Fetulá Gulen, a quien señalan de autor intelectual de la intentona.
Remoción de funcionarios
Según Yildrim, en los Ministerios hay funcionarios que participaron en la perpetración del golpe.
«Hemos empezado a limpiar» el sistema, afirmó el primer ministro y señaló que han sido suspendidos más de 10 mil funcionarios provenientes de distintos Ministerios.
Tan sólo en el Ministerio del Interior han sido expulsados 8.777 empleados, sobre todo policías y gendarmes. En los demás Ministerios fueron suspendidos unos 1.500 funcionarios.
«Estos números van a cambiar (subir)», aseguró el primer ministro ante la prensa y su gabinete.
En relación al creciente debate por la pena de muerte, Yildrim suavizó un poco las declaraciones realizadas por el presidente en las últimas 48 horas y admitió que si bien el Gobierno debe tener en cuenta las demandas del pueblo, se debe decidir con cautela.
«El Parlamento debe debatir este asunto. No podemos decir ni si ni no por adelantado»,indicó
Extradición de Gulen
El Primer ministro turco anunció que el ministerio de Justicia enviará toda la documentación necesaria a Washington pertinente a la solicitud oficial de la extradición de Gulen.
Subrayó la estrecha relación estratégica entre ambos países, sin embargo, dejó entrever su malestar por la insistencia de Estados Unidos de recibir más pruebas sobre el clérigo.
«Si el líder que ordenó todo esto está claro y todavía tus amigos te piden evidencias, entonces podría cuestionar nuestra amistad», alertó el primer ministro.
En contexto
La noche del viernes 15 de julio, un grupo de militares intentó tomar el poder en Turquía bajo la justificación de la promesa de restablecer el orden constitucional y el Estado de Derecho de la nación. Para los golpistas, con Erdogan reina el autoritarismo, los derechos humanos son pisoteados con regularidad y el Estado se vuelve cada vez menos secular.
En sus primeras acciones, los golpistas cerraron los puentes sobre el Bósforo, en Estambul, y se hicieron con el control de varios edificios gubernamentales. Cazas y helicópteros que estaban bajo el control de los rebeldes atacaron distintos objetivos en Estambul y Ankara, incluyendo el Parlamento y la residencia presidencial. El golpe de Estado cobró la vida de unas 265 personas, de ellas 161 eran civiles, mientras que más de mil ciudadanos resultaron heridos.
El presidente Erdogan declaró que la “minoría” de militares opuestos a la unidad nacional seguían órdenes del clérigo Fetulá Gulen, exiliado en EEUU. Sin embargo, desde Pensilvania, Gulen ha negado su participación en los hechos.