Lo hizo el gobierno, mientras oficialismo y oposición aguardaban la sesión que se realizaba en el Supremo Tribunal Federal para definir las reglas del proceso que se busca iniciar contra la jefa del Estado.
«La presidenta de la República enfrenta un proceso pautado por acusaciones artificiales motivadas en ambiciones políticas y en el resentimiento», afirmó el abogado general de la Unión, Luis Inácio Adams.
El presidente de Diputados, Eduardo Cunha, hizo lugar a un pedido de juicio político presentado por varios juristas que acusa a Rousseff de «crimen de responsabilidad» por supuestas maniobras para disimular el aumento del gasto público.
El abogado Adams sostuvo que la acusación contra Rousseff carece de sustento jurídico porque no está demostrada su «culpa» en la manipulación del gasto público y sólo persiguen intereses «políticos» y posiciones «inquisitorias».
Para el letrado, la oposición busca apoyarse en las encuestas de opinión pública, que muestran un alto rechazo de Rousseff, para impulsar «la casación de un mandato conquistado a través del voto popular» en los comicios de octubre de 2014.
En tanto, el ministro de Comunicación Social de la Presidencia, Edinho Silva, descartó cualquier chance de renuncia de Rousseff, paso que sería, advirtió, “una falta de respeto a la carta democrática brasileña».
Silva señaló que «el Gobierno está enfrentando este asunto desde el punto de vista de que (la destitución) no tiene respaldo jurídico», porque «un desequilibrio en la gestión financiera no puede caracterizar un crimen».
«Es innegable que Brasil vive un momento de crisis política y económica», manifestó el ministro, para quien la «mayor preocupación», en los actuales momentos, «es con el crecimiento de la intolerancia política, que es inaceptable».
Silva se refirió también al hecho de que la investigación sobre la corrupción en la petrolera Petrobras llegó a las casas del jefe de la Cámara de Diputados, dos ministros y otros líderes del influyente Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que dirige el vicepresidente del país, Michel Temer.
«Las investigaciones no tienen un objetivo partidario. Investigan hechos concretos», aseveró Silva, quien espera que «en lo más breve posible la verdad salga a flote», que los que tengan que ser responsabilizados lo sean y «aquellos que sean inocentes, la verdad pueda reparar cualquier daño que sufran en este momento».