La oposición catalana logró una pequeña victoria frente a los planes independentistas al dilatar la tramitación de la resolución con la que se pretende dar inicio al proceso para la constitución de un Estado independiente de España, mientras el bloque secesionista sufrió un cortocircuito.
El partido Ciudadanos y los socialistas catalanes, que se oponen a la independencia de Cataluña, presentaron a la Mesa del Parlamento regional sendas propuestas para que se reconsidere la admisión de la declaración secesionista, lo que obligó al órgano a suspender automáticamente el trámite urgente del texto.
En sus solicitudes, ambos partidos reclamaron informes jurídicos al considerar que la iniciativa presentada por las dos fuerzas que impulsan la independencia, Junts pel Sí (JxS) y la Candidatuda d´Unitat Popular (CUP), vulnera la Constitución española y el propio Estatuto de autonomía catalán.
Asimismo, los socialistas argumentaron que no se puede realizar un plenario extraordinario para debatir la declaración secesionista cuando aún no se ha formado el gobierno catalán.
De esta forma, por un formalismo, los planes de JxS y la CUP de celebrar un pleno extraordinario para declarar el inicio del proceso secesionista antes del 9 de noviembre -fecha de la primera sesión de investidura- se dificultan enormemente.
La primera reunión de la Junta podría celebrarse recién el 6 de noviembre, lo que obligaría a dejar un plazo para enmiendas, con lo que la votación se dilatará unos días.
Por su parte, el grupo de Catalunya Sí que es Pot, en el que está integrado el partido anti ajuste Podemos, presentó su propia propuesta de resolución alternativa a la de los independentistas -que querían que se debate en igualdad de condiciones- para exigir «un referéndum pactado».
La resolución de la izquierda alternativa insta al Parlamento catalán a presentar en el primer trimestre de 2016 al Parlamento español una propuesta de reforma de la ley de referéndums de 1980 para permitir una futura consulta.
En caso de que el Congreso de los Diputados no acepte esa resolución, aseguran que promoverán «nuevos y enérgicos procesos de movilización social y ciudadana».
«No estaremos en un frente del `no´ porque queremos buscar una salida al bloqueo actual. Y el referéndum es el único camino viable y el único que puede rehacer la unidad del catalanismo y acabar con la situación de empate infinito», aseguró Lluis Rabell, líder del grupo de la izquierda alternativa.
Sólo un día después de la constitución del nuevo parlamento catalán salido de las urnas el 27 de septiembre pasado, los independentistas del JxS pactaron y presentaron con los anti capitalistas de la CUP la declaración con la que pretenden abrir el «proceso de creación de un Estado independiente en forma de República».
Al margen de este acuerdo, el principal obstáculo del bloque secesionista es que la CUP se niega a apoyar la investidura del actual presidente catalán, Artur Mas, impulsor de JxS.
Ayer, el bloque independentista tenía previsto reunirse para avanzar en este acuerdo, pero la CUP anunció que no lo haría como gesto de rechazo a la actitud del gobierno de Mas, que «obedeció» a la Audiencia Nacional española desplegando un operativo policial contra grupos anarquistas en Barcelona y alrededores, que se saldó con nueve detenidos.
«A partir de la Declaración de Ruptura que hemos presentado la CUP y Junt pel Si, hemos iniciado la construcción de la República catalana, una república en la que la represión contra los movimientos populares no tiene cabida», denunciaron los anti capitalistas en un comunicado.
La CUP es partidaria de comenzar a «desobedecer» de inmediato las leyes españolas, entre ellas de las del ámbito educativo o la conocida como «Ley Mordaza», que limita la libertad de manifestación.
En su declaración, los secesionistas aseguran que el proceso «no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado Español, en particular el Tribunal Constitucional», con lo que dejan claro que desobedecerán la ley española ante los intentos por abortar la secesión por la vía legal.
A pesar de ello, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, reiteró que «la ley se aplicará» y los secesionistas «no van a conseguir lo que pretenden».
«Al gobierno no va a temblarle el pulso para tomar las decisiones que tenga que tomar», sostuvo Rajoy, quien insistió en que no le gustaría verse con la obligación de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que prevé suspender el gobierno autónomo de Cataluña.
El Jefe del Ejecutivo señaló en entrevista con la emisora Cadena Ser que se guiará por la «prudencia y la proporcionalidad» para poner freno a los secesionistas.
Entre los pasos a seguir, Rajoy reveló que en los próximos días citará en La Moncloa a los líderes de los principales partidos opositores, el socialista Pedro Sánchez, y Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, para coordinar una respuesta común al desafío de Cataluña.
La escalada del desafío secesionista hizo saltar todas las alarmas. La prensa española no dudó en calificar la declaración independentista como un «golpe» o «rebelión contra el Estado».
Hasta el diario catalán «La Vanguardia», considerado afín a los nacionalistas, indicó que «las cosas no se están haciendo bien» de ninguna de las dos partes.
