Dirigentes del PSDB, la fuerza que lidera el ex candidato presidencial Aécio Neves, y otros representantes de la oposición entregaron al jefe de la Cámara baja, Eduardo Cunha, un nuevo pedido para que Rousseff se inicie el proceso de «admisibilidad» del juicio por impedimento.
«Este no es un movimiento solo de oposición», pues «representa a la población brasileña que no soporta más a este Gobierno mentiroso y corrupto», declaró el diputado socialdemócrata Carlos Sampaio, al hacer entrega del documento en compañía de parlamentarios de otras formaciones opositoras.
El documento entregado ayer sostiene que Rousseff incurrió en un «delito de responsabilidad», que la Constitución contempla entre los posibles motivos para destituir a un mandatario, al avalar maniobras fiscales dirigidas a maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y que, según órganos de contraloría, continúan hasta hoy.
El nuevo pedido de juicio político está firmado, entre otros, por el jurista Helio Bicudo, uno de los fundadores del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y alejado de la formación desde hace años, y por el catedrático Miguel Reale Junior, ministro de Justicia durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, del PSDB.
El texto fue recibido por Cunha, que está severamente cuestionado por una investigación policial que lo incluye entre el medio centenar de políticos beneficiados por el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, y que es quien debe analizar los pedidos de destitución de un jefe de Estado, que la Constitución prevé siempre y cuando se comprueben razones jurídicas o los denominados «delitos de responsabilidad», como serían los manejos irregulares de las finanzas públicas.
Los balances de las cuentas públicas el año pasado ya fueron reprobados por el Tribunal de Cuentas, organismo de contraloría que además ha detectado que esas maniobras se han mantenido incluso durante este año.
La primera presentación del PSDB iba a realizarse el martes 13 de octubre cuando fue impedida a través de una medida cautelar emitida por el Supremo Tribunal Federal que hizo lugar a una acción interpuesta por diputados del PT. Paralelamente, agrupaciones de la sociedad civil como «Ven para la Calle» y «Movimiento Brasil Libre» organizaron esta semana actos de repudio al gobierno en San Pablo, con escasa repercusión.