San Luis (LaNoticia) 31-08-15. Supuestos sobreprecios en las obras de los diques San Francisco y Saladillo que, en un principio, fueron ejecutadas por las empresas constructoras GCI y Mercovial SA conformando una UTE, le están trayendo dolores de cabeza al empresario bonaerense Victorio Américo Gualtieri, puesto que la justicia lo llamó a prestar declaración indagatoria para el 22 de septiembre próximo. Las indagatorias incluyen a otras 22 personas.
Así lo dispuso el titular del Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº 1, Eduardo Sebastián Cadelago Filippi en un fallo que lleva fecha del 26 de agosto pasado y que tiene que ver con una denuncia realizada en el año 2010 por Fiscalía de Estado.
Además de Gualtieri, deberán presentarse también a indagatoria los profesionales Gustavo Daniel Mosquera; Oscar Alberto Vardé; Norma Fabiana Iribarren; Jorge Alberto Bonifazi; Rodolfo Eduardo Guidobono; Victorio Hernández Balat; Sonia Gordin; Jorge Tavarozzi; Jorge Suarez; Juan Bissio; Daniel Bachiega; Aníbal Mendiburo y Gustavo Goldy; quienes “habrían tenido participación como responsables societarios de la UTE GCI-Mercovial SA como responsables técnicos y/o como miembros del Grupo Asesor contratado por el Estado Provincial para el asesoramiento y auditoría de las obras presa sobre el río Quinto y presa sobre el río Claro”, según señala el fallo.
Asimismo deberán comparecer “a prestar Declaración Indagatoria los inspectores de obra: Gilberto Amaya; Pablo Ogas; Juan Carlos Rickert; Julio Villegas; Alfeo Matilde Estrada; Hegui Pérez; Héctor Joaquín Filipello; Mario Terré y Pablo Muñoz”, agrega el fallo. Sobre estos profesionales, destacan dos actuales colaboradores de la gestión Enrique Ponce al frente de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, como lo son Filipello y Terré.
El primero en tener que prestar declaración indagatoria será el propio Gualtieri, quien deberá presentarse en el Juzgado de Cadelago Filippi a la hora 09:00 del 22 de septiembre próximo y a partir de allí continuarán con las distintas indagatorias del resto de los imputados.
Según el fallo, las declaraciones indagatorias se realizarán en virtud de los delitos de “estafa; defraudación en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas entregadas en virtud de contrato o título obligatorio; defraudación mediante contrato y recibos fraguados; fraude en perjuicio de la administración pública y falsificación de instrumentos públicos; administración fraudulenta (Arts. 172, 173 incs. 1º, 6º y 7º, 174 inc. 5º y 292 C.P.)”.
Carlos Rubén Capella
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